San Lorenzo volvió a denunciar las quemas en las islas ante la Justicia Federal

Es la séptima presentación penal formulada por el municipio desde 2020. Advierten sobre el impacto en la salud pública, los riesgos en la circulación vehicular por la visibilidad reducida y el severo daño al ecosistema del Alto Delta del Paraná.

Ante la reaparición de foco ígneos en la zona insular y la consecuente llegada de humo y cenizas a la ciudad, la Municipalidad de San Lorenzo realizó una nueva denuncia penal ante la Fiscalía Federal local. La presentación judicial busca que se investigue la responsabilidad penal de los propietarios u organizadores de las quemas en el Alto Delta del Paraná, así como el eventual incumplimiento de deberes de control por parte de las autoridades entrerrianas.

El escrito, canalizado a través de la Subsecretaría Legal y Técnica en la sede de la Fiscalía Federal que opera en el CIC de barrio Mitre, señala que el fuego afecta de manera directa la calidad del aire de San Lorenzo y localidades vecinas cada vez que el viento sopla desde el sector este. La exposición sostenida a las partículas en suspensión representa un riesgo directo para la salud de la población, además de generar un peligro vial latente en las rutas de la región debido a la drástica reducción de la visibilidad.

En términos jurídicos, la denuncia plantea que los hechos podrían encuadrarse en el delito de incendio y otros estragos, tipificado en el artículo 186 del Código Penal, al configurarse un peligro común para la seguridad pública y el medio ambiente. Asimismo, el municipio enfatizó que, aunque la legislación de Entre Ríos exige autorizaciones previas mediante su Plan Provincial de Manejo del Fuego, las quemas indiscriminadas persisten en el territorio insular bajo jurisdicción de Victoria sin el debido juzgamiento de sus causantes.

Con esta acción, San Lorenzo suma ya siete presentaciones penales por el ecocidio en el humedal desde el año 2020. Las actuaciones anteriores datan del 28 de mayo, 13 de julio, 27 de julio, 19 de agosto y 21 de octubre de 2020, sumadas a la presentada el 11 de julio de 2022, reafirmando una postura institucional de llevar el reclamo ambiental y sanitario hasta las últimas instancias judiciales.