
Santa Fe se convirtió en la primera provincia argentina en contar con una ley específica para prevenir y abordar la violencia digital en el ámbito educativo. La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la denominada “Ley Ema”, una iniciativa que crea un sistema provincial destinado a prevenir, detectar y acompañar situaciones de acoso y violencia que se producen a través de medios digitales entre estudiantes.
La normativa surge como respuesta a una problemática que se profundizó con el uso masivo de las redes sociales y las nuevas tecnologías, y establece herramientas para que las escuelas públicas y privadas puedan actuar frente a casos de ciberacoso, difusión no consentida de imágenes íntimas, extorsión, suplantación de identidad, hostigamiento en redes sociales, discursos de odio y otras formas de violencia digital.
El proyecto fue impulsado por la diputada provincial Celia Arena y lleva el nombre de Ema, una adolescente de 15 años que se quitó la vida en agosto de 2024 luego de que un video íntimo fuera difundido sin su consentimiento entre alumnos de su escuela. El caso conmocionó a la provincia y dio origen a un trabajo conjunto entre la familia de la joven, legisladores y organizaciones especializadas para promover un cambio en la legislación.
La nueva norma será de aplicación obligatoria en todas las escuelas públicas y privadas de Santa Fe, sin importar el nivel educativo o la modalidad.
Entre sus principales ejes, crea un Sistema Provincial para la Prevención y el Abordaje Integral de la Violencia Digital en el Ámbito Educativo, que contempla la elaboración de protocolos de actuación para las instituciones, la capacitación de docentes y equipos directivos, la incorporación de contenidos sobre ciudadanía digital, privacidad, consentimiento y uso responsable de las tecnologías, además del acompañamiento psicológico, pedagógico y legal para las víctimas.
Asimismo, la ley actualiza el marco normativo para incluir problemáticas que hasta ahora no estaban contempladas expresamente, como la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el control o espionaje digital, la publicación de datos personales, la manipulación de contenidos mediante inteligencia artificial y distintas formas de discriminación y violencia ejercidas a través de plataformas digitales.
Tras la aprobación de la ley, Laura Sánchez, madre de Ema, destacó la importancia de la sanción, aunque advirtió que el trabajo recién comienza.
En declaraciones publicadas por La Capital, expresó que la noticia fue recibida “con mucha emoción” y sostuvo que “la partida de Ema no puede ser en vano”. También aseguró que el objetivo es continuar impulsando iniciativas similares en otras provincias para que existan herramientas de prevención en todo el país.
La madre de la adolescente consideró que la aprobación de la norma “es el punto de partida, no el de llegada”, y remarcó la necesidad de seguir construyendo redes de trabajo para combatir la violencia en los entornos digitales.
Al presentar la iniciativa, la diputada Celia Arena explicó que la ley busca actualizar las herramientas del Estado frente a nuevas formas de violencia que surgieron con el avance de la tecnología.
Según señaló, el objetivo es que las escuelas cuenten con recursos concretos para prevenir estas situaciones, detectar los casos a tiempo y acompañar a estudiantes y familias cuando ocurran.
El proyecto fue trabajado junto al senador Ciro Seisas durante su paso por la Cámara alta y tomó como base una iniciativa presentada a nivel nacional por la diputada Mónica Macha. Además, recibió aportes de organizaciones especializadas como Faro Digital, Defensoras Digitales y el Colectivo Ley Olimpia, que también participaron en la elaboración de la denominada “Guía Ema”, un material destinado a orientar a las comunidades educativas sobre cómo actuar frente a casos de violencia digital.
Con la sanción de la Ley Ema, Santa Fe se posiciona como la primera provincia del país en contar con una legislación específica para enfrentar una problemática cada vez más frecuente entre niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de que las escuelas dispongan de herramientas de prevención, intervención y acompañamiento antes de que las consecuencias sean irreversibles.