
Mariano Ríos Artacho fue fiscal de Delitos Económicos en Rosario. El lunes se sentó del otro lado del mostrador: lo imputaron como jefe de una organización que, según la fiscalía, usó plata de cuentas judiciales para armar una especie de financiera paralela. La cifra que manejan los investigadores es enorme: más de 400 millones de pesos movidos entre 2017 y 2024.
¿De dónde salía esa plata? De cosas que uno pensaría totalmente resguardadas: dinero secuestrado en allanamientos, en detenciones flagrantes, y fondos que las defensas depositaban como garantía para aliviar la situación de sus clientes imputados. Según los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani, parte de esos fondos terminaba en inversiones bursátiles y en casinos en una cuenta del Banco Municipal de Rosario, y desde ahí se usaba para comprar títulos, cambiar cheques o directamente sacar efectivo.
De acuerdo con la acusación, Ríos Artacho no actuaba solo, aunque sí tenía el rol central. Como estaba al frente de la Unidad de Delitos Económicos del MPA, era él quien decidía qué cuentas judiciales se podían vaciar, y después firmaba los oficios que habilitaban sacar la plata del banco.
Por debajo suyo, según los fiscales, otras personas cumplían un rol clave: conseguían prestanombres que prestaban su identidad y su cuenta bancaria (con su respectivo CBU) para que el dinero circulara sin levantar sospechas, retiraban el efectivo y después lo repartían. Los señalados como presuntos prestanombres son Nahuel R., Daniel B., Bruno B., Daniel C., Paola B., Víctor M. y Agostina R.
Hay un dato llamativo en la causa: la fiscalía sostiene que había un mecanismo para tapar los agujeros antes de que se notaran. Según la acusación, el abogado penalista Emilio Barcacia se acercaba a los bancos a depositar efectivo y reponer la plata faltante en algunas cuentas, sobre todo cuando esas causas judiciales estaban por llegar a una instancia de juicio abreviado o de probation, momentos en los que era más probable que alguien revisara los montos.
El caso arrancó cuando la propia Unidad de Delitos Económicos detectó algo raro en una cuenta judicial y dio aviso a las autoridades. Ahí se abrió el expediente, que quedó a cargo del fiscal Adrián Spelta.
Lo que más resonó fue lo que dijo el propio Ríos Artacho durante la audiencia. Pidió hablar, se disculpó ante su familia y ante el Ministerio Público de la Acusación, y reconoció todo. Contó que el problema empezó en 2013, cuando trabajaba como funcionario judicial en Melincué, y que desde entonces arrastra una ludopatía grave. Con esas palabras explicó por qué tocó ese dinero: “Yo administraba los fondos como si fuese mi billetera”.
También intentó bajarle el tono a la acusación más grave, la de asociación ilícita. Según su versión, no existió una organización armada entre varias personas con roles definidos, sino que fue él quien, dando órdenes, empujó al resto de los imputados a meterse en el problema.
La causa no es nueva para Ríos Artacho. Ya venía complicado desde 2024, cuando renunció a la fiscalía en medio de otro escándalo: había entregado un Mercedes Benz secuestrado en una causa a un comisario amigo suyo, y después fue imputado por golpear y amenazar a un hombre en un casino de Rosario. Ahora se suma esta causa, mucho más grande en plata y en gravedad.
La audiencia se cortó en un cuarto intermedio y sigue este martes, así que todavía falta conocer más detalles y saber qué pasará con las medidas que le pidan al ex fiscal.