El diputado Carlos Del Frade presentará un pedido de informe para que se investigue la relación entre el narcotráfico y la policía, luego de que se conociera la noticia sobre el intento de extorsión de un efectivo de la Agencia de Investigación Criminal de San Lorenzo a un hombre que estaría relacionado al tráfico de estupefacientes de la zona norte de San Lorenzo-

Como informara Pregón anteriormente, el pasado martes quedó detenido el policía José Luis Marranguello, integrante de la Agencia de Investigación Criminal por los delitos de extorsión en grado de tentativa, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público; donde el juez Juan José Tutau dictó la prisión preventiva efectiva por 60 días, hasta enero del 2021.

A Marranghello, el fiscal Maximiliano Nicossia lo imputó por el hecho ocurrido el pasado 18 de Noviembre de 2020, cuando se hizo presente en la casa de Alberto Ramón V., con el móvil policial y ostentando ser «el jefe» de la Agencia de Investigación Criminal ( en realidad es un numerario) le exigió $100.000. Al día siguiente, lo volvió a contactar para decirle que tenía escuchas que lo comprometían y que si no entregaba esa suma de dinero, elevaría un informe a los fiscales para que lo detuvieran. Luego de varios reclamos, Marranghello, vuelve al domicilio de Alberto V., cerca de las 22.00 horas para llamarlo nuevamente con señas y silbidos y exigirle la entrega del dinero.

Lo que el policía no sabía es que la víctima había realizado previamente una llamada telefónica a la línea de denuncias gratuitas dependiente del Ministerio de Seguridad, y División investigaciones de la Unidad Especial de Asuntos Internos donde denunció al efectivo. De esta forma, se armó lo que se llama una » entrega controlada», con billetes marcados y la numeración anotada en un acta donde personal de Asuntos Internos y la Agencia de Control Policial estaban apostados para detener al efectivo infiel, que cayó en el engaño. Fuentes judiciales señalaron que Marranghello estacionó con la camioneta de la AIC y que cuando comenzó a acercarse a la vivienda de Alberto V., se tropezó con un policía que estaba recostado en el piso, y allí lo retuvieron.

Pero lo curioso, es que la víctima, no era cualquier víctima que sufría la extorsión de un policía, aunque su nombre pasara desapercibido en las crónicas judiciales de esta semana. Se trata de Willy, un conocido delincuente vinculado al narcotráfico, que opera en la zona de San Lorenzo y Puerto General San Martín que fuera protagonista de innumerables relatos policiales, en el medio de una disputa territorial que mantiene hace algunos años con Víctor Hugo “Pipi” L, en donde más de una ocasión, resolvieron sus diferencias a los tiros.

Sin embargo, los dos personajes antagónicos unieron fuerzas cuando desembarcó una nueva banda con intensiones de conquistar el territorio, coordinados por Brandon Bay desde la cárcel de Coronda que desplegó toda una estructura delictiva para sembrar terror en barrio norte durante el 2019 y el 2020, hasta que quedaron detenidos en junio de este año, tras una investigación de los fiscales Aquiles Balbis, Matías Edery y Luis Sciappa Pietra. Durante este período de tiempo, ocurrieron los homicidios de Eduardo Villegas, Rodrigo Gigena, Jorge Eduardo Acosta, Gerardo Pérez y Brian Sánchez.

El expediente señala que la investigación de la banda de Bay «los Gorditos», se inició con las sospechas de que Willy y Pipi podrían ser los autores de los homicidios en la disputa por el territorio del límite entre San Lorenzo y Puerto General San Martín. Pero según fuentes judiciales estos dos, negaron ser los autores de dichos asesinatos y la hipótesis viró hacia otra banda, la de los Gorditos, liderada por Brandon Bay.

Con la detención de la banda de Brandon Bay, también cayó el ex jefe de la comisaría 7° de San Lorenzo, Raúl Alberto Fleita, y al policía Marcelo Álvarez acusados de colaborar con la estructura con protección policial. Pero también, una serie de escuchas telefónicas, revelaron que «los gorditos», pagaban 35.000 pesos a la Comisaría 7ma, por semana y de 28.000 pesos por semana a la Gendarmería.

En esa investigación, surge que un testigo de identidad reservada quien aportó que Willy, también le pagaba a la policías de la comisaría 7ª. Ese testimonio se respalda con la transcripción de una escucha. También un primo de Brandon y Diego Bay, el policía Lucas Romero, entregaba la droga y proveía de armas a la banda.

Pero a pesar de todas las crónicas policiales, de las investigaciones de los fiscales y de las declaraciones de los propios vecinos de la zona norte de San Lorenzo, Willy no registra antecedentes penales. Dentro del sistema de la justicia federal, su nombre no aparece. Absolutamente nada; a excepción de algunos incidentes con Pipi L.; como aquella vez que a Willy le tirotearon su vivienda en junio de 2017; y en abril de ese mismo año cuando cruzó disparos desde su vehículo con Victor L., quien también iba en su camioneta.

Un nuevo pedido de informes

«La complicidad de los oficiales de la URXVII con ciertos personajes que hacen a la historia del narcotráfico en San Lorenzo, es algo que a nosotros nos viene preocupando hace rato, y venimos pidiendo informes sobre la banda de «willy» y ahora la posibilidad de que sea él, el hombre que hizo posible entre otras cosas denunciar la presencia de nichos corruptos dentro de la Santafesina S.A, nos hace plantear la necesidad de un nuevo pedido de informes para ver estas complicidades de las bandas narcopoliciales, que a partir del año 2014, después del asesinato de Any Rivero, están marcando que en la zona de San Lorenzo, Puerto San Martín y Fray Luis Beltrán se han estirado hasta allí los tentáculos de esta pelea tremenda entre los seguidores de Los Monos y los seguidores de Esteban Alvarado, por eso es muy importante seguir las derivaciones de todos estos hechos; por un lado de la corrupción permanente, que es la historia de la URXVII y por otro lado como se están parando los principales referentes del narcotráfico en la ciudad de San Lorenzo», expresó el diputado Carlos Del Frade, quien el lunes realizará la presentación en la cámara de diputados, como ya lo había hecho anteriormente en 2019 cuando confeccionó un nuevo mapa narco de Santa Fe.

Ese proyecto perguntaba «Si existen informaciones confirmadas y medidas tomadas para desarticular las potenciales bandas que operan entre las ciudades de San Lorenzo y Puerto General San Martín, departamento San Lorenzo, vinculadas a las antiguas organizaciones lideradas por Delfín Zacarías y familiares, como también de las pandillas lideradas por “Willy” y “Pipi”.

También se consultó: «Si existen informaciones confirmadas y medidas tomadas para desarticular las potenciales bandas que operan en la ciudad de Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo, como las de Walter “el Viejo” González, “los Rodríguez” y “Juanse Río”; como también líneas subalternas que responderían a los integrantes de la banda liderada por Esteban Lindor Alvarado y con conexiones en la Unidad Regional XVII, en la ciudad de San Lorenzo, y con el ex titular de la Alcaidía de la ciudad histórica, hoy procesado, José Budiño; en forma paralela información sobre las bandas de Eduardo “Chochán” Gómez y Ricardo “Maluma” Díaz, también imputados de homicidios ocurridos en marzo de 2019″, había señalado el diputado Carlos Del Frade en 2019.

«Si no tienen causas es porque tienen protección y no fueron nunca denunciados y allí forma parte de esta complicidad en que insisto, son bandas narcopoliciales y es que por eso no hay causas» aseveró el diputado.