La homologación judicial de la propuesta de pago efectuada por la agroexportadora Vicentin a sus acreedores «resulta impracticable» porque contempla la venta a Viterra Argentina por 310 millones de dólares, por el 33% de las acciones que aún conserva en la firma Renova, operación inhibida por dos resoluciones judiciales del fuero penal de Rosario, según informaron fuentes del caso.

El presidente del directorio de Vicentin, Omar Scarel, fue incluso imputado en junio del año pasado por desobediencia de esas dos órdenes judiciales al avanzar en la venta de las acciones de la empresa a su socia Viterra Argentina (ex Glencore), y debió afrontar una caución de 500.000 dólares, para quedar en libertad. –

Esta semana la agroexportadora sumó presión al juez de civil y comercial del concurso, Fabián Lorenzini, quien tiene un plazo de 10 días para homologar o rechazar las conformidades presentadas por la empresa para acordar el pago de su deuda, que supera los U$S1.500 millones. –

Vicentin consiguió los porcentajes de conformidad que exige la ley tanto de personas como de capital, pero hay acreedores que consideran «abusiva» la propuesta, que en algunos casos alcanza una quita del 80%. –

En un comunicado de esta semana, la empresa señaló que «en un escenario de no homologación -que descartamos- y ante la ausencia de una propuesta superadora, lo que devendría es el cierre definitivo de Vicentin».

Agregó que eso «provocará los efectos conocidos: pérdida definitiva de los créditos para todos los acreedores, la pérdida de todos los puestos laborales, con la consecuente conflictividad social derivada y su posible extensión al sector agro exportador».

El comunicado de Vicentin fue en respuesta a uno difundido un día antes por el Banco de la Nación Argentina (BNA), el principal acreedor individual del concurso con U$S300 millones. –

El diputado provincial Carlos Del Frade, miembro de la comisión legislativa del concurso de Vicentin, consideró que el comunicado de la empresa que expresa la posibilidad de su cierre definitivo «tiene un profundo olor a extorsión».

Del Frade recordó, además, que la propuesta de pago de Vicentin no puede llevarse a la práctica porque incluye el dinero proveniente de la venta a Viterra de las acciones que aún posee en la planta de Renova, operación que está interdicta por el Poder Judicial. –