El caso Vicentin continúa generando controversia en el ámbito judicial, con la audiencia de apelación a la prisión preventiva de los cuatro directivos (Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti) acusados de desviar fondos de la empresa en concurso preventivo para gastos personales, agravando la estafa por la que ya estaban imputados.

La audiencia comenzó el lunes y continúa este martes 11 de junio presidida por el camarista Gustavo Salvador, quien evaluará si mantiene la prisión preventiva de 120 días dictada en marzo 1013.

Los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja sostienen que los directivos continuaron manejando Vicentin fraudulentamente después del default de 2019, desviando fondos para pagar honorarios de abogados, retiros voluntarios y otros gastos personales, perjudicando a acreedores y empleados.

El Ministerio Público de la Acusación sostiene que los directivos usaron fondos de Vicentin —en concurso preventivo— para pagar honorarios de sus defensores personales (unos $1.5 millones de dólares), lo que agravó la estafa a acreedores. Esto incluyó facturas millonarias a empresas del holding como Algodonera Avellaneda, pese a que los abogados no representaban legalmente a la firma.

La empresa, con una deuda de USD 1.340 millones, sigue en concurso preventivo. La Fiscalía alega que los desvíos superaron los $890 millones, equivalentes a “20.946 salarios mínimos” 

Los abogados de los imputados, liderados por Jorge Ilharrescondo, presentaron cinco argumentos clave para revocar la prisión preventiva:

La defensa alega que las pruebas obtenidas ilegalmente invalidan la “apariencia de responsabilidad” que justificó las detenciones. Ilharrescondo incluso amenazó con recurrir a instancias internacionales si persisten las irregularidades. Mientras, la audiencia de apelación —presidida por el camarista Gustavo Salvador— decidirá si mantiene las prisiones preventivas.

A. Falta de “riesgo procesal”
La defensa sostiene que, al estar Vicentin intervenida judicialmente, ya no existe riesgo de que los directivos manipulen la empresa o fuguen. Destacan que la salida de los acusados permitió reactivar operaciones, como el procesamiento de 10.000 toneladas diarias de soja en San Lorenzo 10.

B. Cuestionamiento a la figura de “asociación ilícita”
Alegan que es un “error técnico” imputarles nuevamente este delito, ya que ya fueron acusados por lo mismo en 2020 y 2023. Argumentan que no puede juzgárseles dos veces por los mismos hechos 10.

C. Venta del avión corporativo
La defensa niega que la venta del avión (usado como dación en pago) fuera un acto fraudulento. Afirman que se canceló una deuda legítima y que el bien no pertenecía directamente a Vicentin 10.

D. Honorarios de abogados y retiros voluntarios
Sostienen que es común que las empresas paguen los honorarios de defensores de sus directivos cuando los cargos están vinculados a su gestión. También defienden los retiros voluntarios como parte de un plan de racionalización aprobado en el concurso 10.

E. Caución pagada por Vicentin
Explican que la empresa adelantó el pago de la fianza por exigencia de la aseguradora, pero que los fondos fueron reintegrados posteriormente, sin afectar las finanzas de la compañía.

La audiencia generó controversia y denuncias por parte del estudio de abogados de la Defensa y un llamado de atención del Colegio de Abogados.

Ilharrescondo acusó a los fiscales Moreno y Narvaja de violar garantías constitucionales al acceder sin orden judicial a la facturación de su estudio jurídico (2019-2024) para sustentar la prisión preventiva. Un dictamen de la experta Gabriela Tozzini (UNR/UCA) respaldó esta postura, señalando que se vulneró el secreto profesional y el derecho a la defensa 213.

El Colegio de Abogados de Rosario  emitió un comunicado respaldando a los defensores y criticando cualquier práctica estatal que vulnere principios como el secreto profesional y la autonomía de la defensa. Advirtió que las actuaciones deben ajustarse estrictamente a la ley