Entre el 1° de enero y el 28 de febrero hubo 36 femicidios, 93 intentos de femicidios, 2 femicidios vinculados y 1 trans/travesticidio en el país. En ese período, al menos 26 niñas y niños perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista. Los datos surgen del relevamiento publicado por Mumalá en la víspera del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La violencia de género es una problemática social compleja y para abordarla de forma integral es necesario aproximarse desde múltiples perspectivas. En esa tesitura, las cifras constituyen uno de los caminos posibles para comenzar a tomar dimensión del problema. En Argentina, entre el 1° de enero y el 28 de febrero de 2023 se perpetraron 132 ataques femicidas: 36 femicidios, 93 intentos de femicidios, 2 femicidios vinculados y 1 trans/travesticidios. Si dividimos la cifra total por la cantidad de días del período relevado (59), el promedio indica que hay más de un hecho por día: uno cada 11 horas, para ser más exactos. En este escenario, los colectivos feministas se movilizarán una vez más este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con el pedido de declaración de la Emergencia en violencia de género entre sus consignas.

Los datos referidos surgen del informe desarrollado por el Observatorio «Mujeres, Disidencias, Derechos» de la organización Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) a partir del relevamiento de noticias publicadas en medios gráficos y digitales de todo el país entre el 1° de enero y el 28 de febrero de este año.

Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de Mumalá y ex subsecretaria de Políticas de Género de la provincia de Santa Fe, dialogó con AIRE en la previa del 8M e hizo hincapié en la necesidad de una Ley de Emergencia en Violencia de Género que facilite la disponibilidad de recursos para abordar el fenómeno, que obligue a los organismos del Estado a trabajar coordinadamente frente a la problemática y que signifique un gesto político de reconocimiento de un flagelo cuya gravedad hasta el momento se subestima.

«Este 8 de marzo vamos a presentar por tercera vez en el Congreso de la Nación el proyecto de ley de Declaración de la Emergencia en Violencia de Género. Ya lo presentamos en 2018 y luego en 2020 y cada vez perdió estado parlamentario, sin que la situación social que el proyecto aborda se haya modificado, algo que queda demostrado por las estadísticas que revelan una realidad muy dramática», sostuvo Sosa.

Y advirtió: «Seguimos en una situación de emergencia porque la cantidad de víctimas que va registrando nuestro observatorio se mantiene constante. Y aunque se ha avanzado en algunas cuestiones, sigue habiendo una muy débil batería de dispositivos específicos para abordar la problemática».

En particular, la referente de Mumalá explicó que una de las principales falencias es la falta de articulación entre los tres niveles del Estado y entre los tres poderes del Estado, lo que genera vacíos insalvables: programas sin presupuesto, programas con presupuesto pero sin personal que los desarrolle, o recursos humanos dispuestos y capacitados para trabajar pero sin un organismo que los albergue luego de que un programa nacional finalice.

«Frente a esto, en el proyecto de emergencia hacemos una serie de propuestas para en algunos casos fortalecer la asistencia específica, en otros fortalecer lo institucional, multiplicando la cantidad de dispositivos estatales a nivel territorial, y en otros instamos a que el Estado refuerce su acompañamiento a las organizaciones de mujeres», precisó la entrevistada.

Desde 2015 (año de la primera marcha «Ni Una Menos») a esta parte, ninguno de los proyectos de ley presentados para declarar la Emergencia en Violencia de Género en Argentina fue debatido por las Cámaras del Congreso de la Nación. Es más: ni siquiera llegaron a ser tratados en Comisiones.

Sin refugio ni resguardo

Lejos del sentido común que concibe al hogar familiar como un lugar seguro para quienes lo habitan, el informe del observatorio de Mumalá indica que el 66% de los femicidios fue cometido en la vivienda de la mujer (que usualmente comparte con el agresor) y en el 12% de los casos en la vivienda del victimario.

Además, en el 84% de los casos el femicida pertenecía al círculo íntimo de la víctima, siendo la mayoría de los crímenes (65%) perpetrados por hombres que son parejas o exparejas de las víctimas.

El 31% de los femicidios se consumó con un arma blanca; el 25% con arma de fuego; el 16% a golpes; el 16% mediante asfixia; el 3% por quemaduras; el 3% por caídas de altura y en un 6% de los casos no hay datos.

En tanto, el 3% de los femicidas —cuya edad promedio es de 42 años— tenía antecedentes penales por violencia de género; un 7% abusó sexualmente de la víctima y un 7% asesinó a una tercera persona, ya sea porque ese tercero quedó en el medio del hecho violento (femicidio vinculado por interposición) o para ocasionar un daño irreparable a estas mujeres como forma de violentarlas (femicidio vinculado). Además, un 19% de los femicidas se suicidó tras cometer el crimen.

Infancias huérfanas

Como consecuencia de los 36 femicidios registrados entre enero y febrero de 2023, al menos 26 niños y niñas perdieron a sus mamás, ya que 41% de las víctimas tenían hijos o hijas menores de edad. En muchos casos, el femicida es el propio padre (que se da a la fuga, se suicida o cae preso), lo que deja a los menores en una situación de total vulnerabilidad al perder a sus dos progenitores.

Denuncias no escuchadas

El 13% de las víctimas de femicidio había radicado al menos una denuncia previa contra su agresor. De ellas, el 25% contaba con un botón antipánico y el 100% tenía una restricción de acercamiento dictada por la Justicia: una vez más queda demostrado que sin control ni custodia las órdenes de alejamiento son letra muerta, un papel inútil que no logra frenar ni el cuchillo que apuñala ni el arma que dispara.

«Todavía tenemos un bajo porcentaje de denuncias. Desde que Mumalá hace el relevamiento de femicidios, el pico fue del 25% y luego cada vez menos. Esto debe abrir un interrogante enorme al Estado. Es necesario preguntarnos por qué no realizamos los denuncias, por qué no hay confianza en las instituciones, cuáles son las situaciones que las víctimas atravesaron y a partir de las cuales generaron una desconfianza en que el Estado pueda resolver y acompañarlas, y por lo tanto desisten de denunciar», advierte Sosa.

En segundo lugar, señala también que «hay cuestiones que el Estado todavía no ha logrado definir. Por ejemplo, quién controla las medidas de restricción. ¿Quién debería hacerlo? ¿Los Estados locales, quizás? ¿Pero a través de qué mecanismos, con qué recursos? Y si el control lo ejerciera la Policía: ¿Estaríamos realmente seguras? ¿Querríamos que haya personal policial en la puerta de nuestras casas? Entendiendo además que esto último sería algo imposible por la dimensión del fenómeno y la cantidad de víctimas respecto a la disponibilidad de las fuerzas de seguridad, que hoy ante el panorama actual deben también atender otras problemáticas», explica la referente.

Y continúa: «Si van a ser las organizaciones, ¿cuáles son los recursos que se otorgaría para que una organización colabore en esta tarea y pueda articular con el Estado local? Todas estas cuestiones todavía no están resueltas. Una solución podría ser que los varones agresores tengan un dispositivo electrónico, pero no hay plata para eso. Y aún teniendo los dispositivos, no son más de 20 las ciudades de Santa Fe conectadas al Sistema 911. En el resto de las localidades se depende de la voluntad o no de las comisarías locales para asistir ante las emergencias. Y en muchos lugares tampoco hay Áreas de la Mujer que puedan coordinar las políticas territoriales… Y, por supuesto, para todo hace falta presupuesto», enumera.

Sosa considera que este tipo de decisiones deben debatirse «en una gran mesa de articulación provincial», y reclama que «uno de los espacios que no se volvieron a articular en Santa Fe tras el cambio de gestión fueron los Consejos Provincial y Regionales para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. Era un espacio donde se podía sentar a los tres niveles del Estado para diseñar estrategias eficientes y coordinadas, no sólo en términos económicos y logísticos sino también en términos culturales», explica.

«Hace tres años que los Consejos no funcionan y el Ruvim, el Registro Único de Violencia hacia las Mujeres, no se publica desde el 2019», insiste la entrevistada en cuya opinión «todo esto tiene que ver con una lógica de gestión que va en contra de lo que necesitamos en una situación de emergencia en violencia de género».

Crímenes de mujeres en contextos de narcocriminalidad organizada

La provincia de Santa Fe, y especialmente la ciudad de Rosario y su conglomerado urbano, atraviesan una problemática distintiva de otras regiones del país, ya que la consolidación del narcotráfico como un circuito de economía ilegal y las tramas violentas que ese negocio despliega han permitido dar lugar al concepto de muertes violentas de mujeres con elementos de violencia de género en contexto de narcocriminalidad organizada.

Por sus características, estos crímenes no pueden englobarse en la definición tradicional de femicidio, pero la vulnerabilidad de las mujeres sigue siendo un factor crucial que las expone a ser víctimas de la violencia.

«El año pasado tuvimos 48 asesinatos, este año ya vamos 10 y no vemos una preocupación del Estado por esta modalidad que va en aumento. Ahora, las mujeres ya no mueren sólo por estar en la línea de fuego, sino también por estar de alguna manera involucradas en algunos circuitos delictivos, en determinados contextos de mucha precariedad», subraya Sosa respecto a esta problemática.

Y agrega: «Del 2021 al 2022 se triplicó la cantidad de mujeres asesinadas en disputas relacionadas con las economías delictivas, en algunos casos narcotráfico y en otros casos delitos conexos. Por ejemplo, días atrás en Rosario dos mujeres le dispararon a un muchacho que iba en bicicleta y dejaron un mensaje en sus ropas. La dinámica del delito, la precariedad económica y la vulnerabilidad social lleva a un sector de las mujeres a ocupar roles delictivos como el sicariato que hasta el momento eran exclusivos de los varones», reflexiona con preocupación.

«Es un fenómeno en el que las mujeres crecemos no sólo en la cantidad de víctimas sino como parte del circuito delictivo, siempre en eslabones muy débiles», insiste la entrevistada.

La directora ejecutiva de la Mesa Federal de Mumalá considera que «es necesario que esto sea abordado no sólo desde una política del Ministerio de las Mujeres, sino también desde el Ministerio de Seguridad, desde Desarrollo Social o desde Salud cuando la situación lo requiera».

«Al poner sobre la mesa todas las violencias de las que son sujetas las mujeres, encontramos esta realidad, una realidad en torno a la cual nos preocupa la falta de respuestas desde el orden nacional y los aprovechamientos y especulaciones políticas», alerta Sosa.

«Es preocupante que la dificultad del Estado de no contar con herramientas de investigación y de persecución abra posibilidades al crecimiento de sectores antiderechos. Además, ya está probado en otros países del mundo que no es con mayor presencia de fuerzas de seguridad ni con una ‘guerra contra las drogas’ como se resuelve el problema, sino todo lo contrario, la multiplicación de fuerzas de seguridad que tienen vínculos con el narcotráfico agrava el problema», concluye.

(Con información de Aire de Santa Fe)