
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió cosméticos de cuatro marcas que se comercializaban en Argentina sin la autorización sanitaria correspondiente. La medida alcanza mascarillas faciales y otros productos de cuidado personal de las marcas Ushas, Fayankou, Kakaziyan y Chovemoar. El organismo también ordenó retirarlos de los comercios y de las plataformas de venta online.
La decisión fue oficializada mediante la Disposición 4193/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de que el organismo detectara que los productos eran ofrecidos en comercios y sitios de venta online sin estar registrados ante la autoridad sanitaria.
La disposición comprende distintos productos de cuidado personal, entre ellos mascarillas faciales y una mascarilla para manos. Además, la restricción se extiende a todos los cosméticos elaborados o comercializados bajo las marcas Ushas, Fayankou, Kakaziyan y Chovemoar, independientemente de su presentación, hasta que regularicen su situación.
Entre los productos alcanzados por la medida se encuentran:
La ANMAT también ordenó retirar las publicaciones de estos productos de las plataformas de comercio electrónico para impedir su comercialización en todo el país.
Según explicó el organismo, los cosméticos investigados no figuran en los registros oficiales y no existe documentación que permita verificar su elaboración, importación o distribución dentro del marco legal vigente.
La ANMAT advirtió que, al no contar con información sobre su origen ni sobre los controles aplicados durante su fabricación, no puede garantizar la calidad, la seguridad ni la composición de estos productos.
Además, indicó que los artículos habrían ingresado al país por canales no autorizados y sin la intervención de establecimientos habilitados para importar cosméticos.
La prohibición comprende el uso, la comercialización, la distribución, la publicidad y cualquier forma de promoción de estos productos en el territorio nacional.
La resolución fue comunicada a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a los organismos encargados de la defensa de los consumidores para avanzar con los controles correspondientes.