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Imputaron a nueve integrantes de una banda narco violenta de la región, vinculada al secuestro y crimen de Gastón Montenegro

Anabela TramontiniPortada, Judiciales, Actualidad21 octubre 2026 a las 08:51

Nueve personas fueron imputadas por formar parte de una organización dedicada a transportar, guardar, distribuir y vender drogas. La banda operaba desde principios de 2022 en Rosario, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez y otras localidades del sur santafesino. Con estas imputaciones, la causa suma 13 personas imputadas.

La investigación está a cargo de la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario, del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF). Según la fiscalía, algunos integrantes de la banda están vinculados al secuestro y asesinato de Gastón Montenegro, de 25 años.

El supuesto jefe de la organización es Diego Nicolás Blanco, de 27 años, alias “Pippo”. Está prófugo, con pedido de captura y una recompensa de 10 millones de pesos.

Además, el representante del MPF señaló que algunos de sus integrantes están vinculados a una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por el crimen del tipo mafioso de Gastón Montenegro, de 25 años, quien fue víctima de un secuestro seguido de muerte. Su cuerpo fue hallado el 4 de julio pasado, semienterrado en un campo de Serodino, con dos disparos en el cráneo.

Las imputaciones se formularon en una audiencia ante el juez federal de garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz. Allí, el fiscal coadyuvante Franco Benetti definió a la banda como una “empresa criminal violenta”. El juez aceptó la formalización de la investigación tal como la planteó la fiscalía y fijó medidas cautelares distintas para cada imputado.

Los imputados

Las nueve personas son tres mujeres (L.M.A., L.M.D. y N.A.A.) y seis varones (V.G., J.L.V., M.A.G., F.N.F., F.M.B. y J.E.F.). Fueron detenidas en allanamientos hechos a comienzos de octubre en Rosario y localidades vecinas.

A ocho de ellos se los acusa como coautores de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, en las modalidades de transporte, acopio, distribución y tenencia con fines de comercialización. J.E.F. fue imputado por tráfico de drogas solo en la modalidad de tenencia con fines de comercialización. A J.L.V. se le suma el acopio de armas de fuego, piezas y municiones, y a V.G. se le imputó además la tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil.

La fiscalía había pedido 180 días de prisión preventiva efectiva para todos, pero el juez resolvió caso por caso. Dispuso prisión preventiva efectiva por 180 días para J.L.V., L.M.A. y F.M.B., este último mientras cumple una condena. Para V.G. y J.E.F. fijó prisión preventiva efectiva por 90 días. F.N.F., M.A.G. y L.M.D. quedaron con arresto domiciliario y dispositivo de vigilancia electrónica por 90 días. N.A.A. recuperó la libertad, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta.

Cómo se identificó a la organización

Benetti explicó que la investigación comenzó en 2025, como desprendimiento de otra causa en la que se imputó a integrantes de un clan que movía grandes cantidades de cocaína provenientes de Bolivia.

En ese marco se siguió un auto Renault Kwid vinculado a la banda. Con tareas de monitoreo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se detectaron presuntas maniobras de venta de drogas y el traslado de bolsos y mochilas a una casa de Fray Luis Beltrán.

El 19 de diciembre de 2025 se secuestró el vehículo y se demoró a su conductor, Blanco, y a una mujer identificada como C.M. Blanco logró escaparse y sigue prófugo. Del análisis de su teléfono surgieron indicios de que, entre el 16 y el 18 de diciembre de 2025, la organización habría comprado y vendido más de 20 kilos de cocaína.

El fiscal afirmó: “Tenemos la certeza de que el apodado ‘Pippo’ es efectivamente Diego Nicolás Blanco”. Según dijo, esa conclusión surge de cruzar pruebas de investigaciones de la fiscal provincial Luisina Papponi, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y de la del MPF. Agregó que, solo en noviembre de 2025, Blanco entregó 160 mil dólares y 135 mil pesos, y que le entregaron 66 kilos de cocaína.

También se detectaron muchos movimientos de dinero entre billeteras virtuales y cuentas bancarias de los investigados, sobre todo transferencias de sumas importantes a favor de Blanco.

Antecedente: la causa de diciembre de 2025

El 4 de diciembre de 2025, la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario, con asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) región NEA, imputó a 13 personas por integrar una red que traía cocaína desde Bolivia y la vendía en Rosario y localidades vecinas. Los fiscales fueron Franco Benetti y Santiago Cruz Alberdi, y el juez de garantías, Eduardo Rodríguez Da Cruz. La audiencia se hizo un sábado, después de 29 allanamientos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) el jueves anterior. La investigación llevó once meses de seguimientos, escuchas y tareas de campo.

En los allanamientos se secuestraron casi 53 kilos de cocaína, más de 51 millones de pesos, más de 67 mil dólares, 13 armas de fuego, 691 municiones y 17 vehículos entre incautados y con pedido de embargo. La mayor parte de la droga, 53 paquetes, estaba en una casa de la calle Vieytes al 2700 de Rosario. El resto estaba fraccionado para la venta al menudeo en otros domicilios de Rosario y de Casilda.

Según la fiscalía, la organización tenía tres niveles. Abajo estaban los revendedores, entre ellos el de un punto de venta en Braille al 1400. En el medio estaban J.F.R. y G.A.G., que recibían y distribuían la droga. Arriba estaba la célula mayorista de A.F.S., a quien se acusó de ser organizador y financista y que abastecía la cocaína desde el norte del país. Los investigadores registraron viajes relámpago de uno o dos días a Aguas Blancas (Salta) y a Bermejo (Bolivia), que según la fiscalía servían para pagar la droga. También se detectaron multas de tránsito en Salta en vehículos vinculados al grupo.

El dato central es un cuaderno secuestrado, en el que figura que desde el 29 de agosto la célula recibió 745 paquetes de cocaína, unos 750 kilos de máxima pureza. Para la fiscalía, esto muestra una estructura mayorista que “ingresa, distribuye y vacía el stock rápidamente”. Por eso no encontraron droga en las casas de A.F.S., pero sí dinero, armas y documentación.

El juez ordenó la prisión preventiva de los 13 imputados hasta el 1° de abril de 2026. También dispuso una cautelar sobre la casa de Vieytes al 2700, la inhibición general de bienes por 50 millones de pesos y el embargo de siete vehículos, entre ellos un Renault Kwid.

El vínculo con el secuestro y homicidio de Gastón Montenegro

Al pedir que el caso se declare complejo y justificar las medidas cautelares, Benetti dijo que en esta investigación “hay 13 personas detenidas y un número importante sin identificar”.

Recordó que el 2 de julio se había imputado a otras cuatro personas por vender drogas, tras allanamientos y detenciones del 29 de junio. Pero el avance de esa investigación quedó condicionado por la relación de integrantes de la organización con el secuestro de Montenegro.

Crimen de Gastón Montenegro: las pruebas que llevaron a la prisión preventiva de cuatro acusados

Según la hipótesis de la fiscalía, Montenegro fue privado de su libertad en Capitán Bermúdez el 29 de junio y lo retuvieron en una casa de Fray Luis Beltrán donde se guardaban y distribuían drogas. El 4 de julio apareció muerto, semienterrado en un campo de Serodino, con dos disparos en la cabeza.

Benetti señaló que Blanco fue identificado como presunto partícipe de ese hecho, y que la investigación por narcocriminalidad permitió reunir elementos sobre los vínculos entre los integrantes de la banda. La causa por el homicidio tramita en la justicia provincial, a cargo del MPA.

Los allanamientos y lo secuestrado

En ese marco, se realizó el seguimiento de un automóvil Renault Kwid vinculado con la organización. A partir de tareas de monitoreo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se detectaron presuntas maniobras de comercialización de estupefacientes y el traslado de bolsos y mochilas en un domicilio de Fray Luis Beltrán.

El 19 de diciembre de 2025, se secuestró el vehículo y se demoró a su conductor, Blanco, y a una mujer identificada como C.M. La investigación posterior permitió identificar a integrantes de la organización y determinar los roles que habrían desempeñado. Así se estableció que Blanco era el presunto líder, conocido en la investigación como alias “Pippo”.

Según expuso el auxiliar fiscal, “Pippo” logró fugarse y permanece prófugo. Del análisis de su teléfono surgieron indicios de que, entre el 16 y el 18 de diciembre de 2025, la organización habría adquirido y comercializado más de 20 kilos de cocaína.

El fiscal también repasó la evidencia obtenida en la investigación precedente, que vincula a Blanco con la organización investigada por el tráfico de cocaína proveniente de Bolivia.

“Tenemos la certeza de que el apodado ‘Pippo’ es efectivamente Diego Nicolás Blanco, lo que surge de una triangulación de evidencias provenientes de investigaciones a cargo de la fiscal provincial Luisina Papponi, del Ministerio Público de la Acusación, y de la realizada por el MPF. Solo en noviembre de 2025 entregó 160 mil dólares y 135 mil pesos, y le entregaron 66 kilos de cocaína”, graficó Benetti.

El material secuestrado necesita pericias químicas, balísticas y de cotejo. Benetti dijo: “Hemos imputado a una organización criminal con asiento en diferentes localidades, de rasgos violentos y de rápido crecimiento”.

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