Luego de que en mayo pasado el fiscal general Jorge Baclini anunciara la creación del área de Coordinación en Investigación de Delitos Ambientales, ayer se realizó el primer operativo de la unidad espacial. Se trató de un allanamiento al predio de la Petroquímica Bermúdez, por presunto daño ambiental, en el marco de una denuncia realizada por la Fiscalía de Estado, a instancias del gobernador Miguel Lifschitz. La investigación comenzó en 2017 y la de ayer fue la primera de una serie de medidas sobre el predio, cerrado desde 2013. El presidente de la empresa es Sergio Tasselli, uno de los implicados en la causa de los cuadernos que impulsa el juez Claudio Bonadío en la ciudad de Buenos Aires.

Tras la presentación que hizo el gobierno provincial por contaminación ambiental, la fiscal Verónica Caíni ordenó ayer un relevamiento en la planta para recabar material de interés y conocer las instalaciones donde funcionó la petroquímica hasta hace cinco años. En tanto, para la semana que viene está programada una toma de muestras de suelo.

Una dotación especial de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación allanaron el predio ubicado a 25 kilómetros de Rosario, en el límite con Granadero Baigorria y a orillas del río Paraná, por presunta contaminación ambiental a causa de residuos tóxicos que llevan allí al menos cinco años.

La medida fue ordenada por la fiscal Caíni y llevada adelante por el área de Ambientales de PDI, junto a Bomberos Zapadores, Medio Ambiente provincial y la Empresa Provincial de la Energía (EPE), ante la denuncia presentada en 2017, pero que este año fue tomada por la unidad creada hace cuatro meses.

Se trata del lugar donde funcionaba la ex Electroclor, con unos sesenta trabajadores, entre operarios y empleados. Allí se producía hipoclorito de sodio y cloro envasado. Ya a finales de 2016, el Taller Ecologista advirtió al área de Medio Ambiente provincial sobre la falta de tratamiento de las sustancias tóxicas sobrantes en el predio y hablaron de riesgos para la salud de la población. Cuestionaron la existencia de tubos y tanques cargados por un contenido no determinado: algunos estaban etiquetados como “cloro” y “benceno”; pero, en otros sólo había un número. En ese contexto, hablaron de posibilidades de que también hubiera amianto.

La preocupación fue tomada por el Estado provincial, que en 2015 hizo una inspección con funcionarios de Medio Ambiente. El gobernador –según indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación— instruyó a la Fiscalía de Estado para que presentara la denuncia.

Así, creada la Fiscalía especial, comenzaron las medidas tendientes a averiguar si existe contaminación ambiental y riesgo para la salud de los habitantes de la zona.

En mayo, Baclini anunció el área de Coordinación en Investigación de Delitos Ambientales, junto con el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. La unidad funciona bajo la órbita de la Fiscalía General del MPA. Para la puesta en marcha, se elaboró una Guía de Actuación, con las pautas de trabajo. Incluso, con esas directivas, miembros de la brigada de la unidad debieron asistir, la semana pasada, al vuelco de un camión en la zona de Circunvalación y Ayolas, con lo que se pensaba que eran fertilizantes tóxicos. Sin embargo, se comprobó que no había riesgo ambiental.

Rosario 12