Cobro por amenazas en escuelas: el gobierno cobró sólo el 7% de los gastos en operativos

De las 53 notificaciones enviadas a los responsables de las amenazas, apenas seis familias pagaron las sanciones económicas que suman casi 10 millones de pesos.

La estrategia del gobierno provincial para desalentar las amenazas en escuelas y recuperar los costos de los operativos de seguridad tuvo resultados mixtos: si bien logró frenar los hechos, la recaudación fue mínima.

Según datos oficiales, el Ministerio de Seguridad notificó a 53 personas por las amenazas registradas durante abril y mayo, pero solo seis efectuaron el pago correspondiente. El monto total abonado asciende a $9.824.430, lo que representa apenas el 7,2% de los $139.429.864 que el Estado estimó como gasto en los operativos de seguridad.

El contexto de las amenazas

Todo comenzó tras el trágico ataque en la escuela de San Cristóbal el 30 de marzo, donde un adolescente asesinó a otro. Durante todo abril, las amenazas de atentados se multiplicaron en instituciones educativas de toda la provincia, generando una crisis de seguridad que movilizó recursos significativos.

Ante esta situación, a finales de abril el Ministerio de Seguridad implementó un mecanismo para identificar a los autores de las amenazas y cobrar a sus adultos responsables los gastos de los operativos. El objetivo era doble: desalentar las amenazas y recuperar lo invertido.

Distribución de las notificaciones por regiones

Las notificaciones se concentraron principalmente en:

• Unidad Regional XVII (San Lorenzo): 10 notificaciones
• URII (Rosario): 7 notificaciones
• URI (La Capital): 6 notificaciones
• URXI (Las Colonias): 6 notificaciones

El resto se distribuyó en los departamentos Caseros, Constitución, San Martín, Garay, Iriondo, General Obligado y San Javier.

¿Dónde se efectuaron los pagos?

Los únicos seis pagos concretados se distribuyeron de la siguiente manera:

• Rosario (URII): un pago de $2.838.352 el 26 de mayo
• San Lorenzo: dos pagos de $805.443 el 12 de mayo y uno el 5 de mayo
• Santa Fe: un pago de $1.009.442 el 7 de mayo
• Iriondo: un pago de $3.560.307

El protocolo implementado

La medida establecía que, para que el Estado pudiera reclamar el dinero, debía existir una causa penal iniciada con intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Una vez identificado el responsable y calculado el costo del operativo, se notificaba presencialmente a los adultos responsables, generalmente padres de alumnos menores de edad.

El monto variaba según la ubicación del hecho, magnitud del operativo, participación de bomberos e intervención de agentes locales.

El efecto disuasorio

El anuncio de la medida tuvo un impacto inmediato: las amenazas pasaron de 80 reportes diarios a 15, y luego fueron disminuyendo hasta llegar a cero. Sin embargo, el objetivo de recuperar los costos no se cumplió.

Desde la cartera de Seguridad informaron que en los casos donde no se efectuaron los pagos, se inicia el proceso judicial a cargo del fiscal de Estado, Domingo Rondina.

Los abogados de las familias comenzaron a realizar impugnaciones formales en la justicia, argumentando que:

Los hechos no se correspondían con el delito de amenazas, que requiere condiciones específicas como la existencia de un daño concreto, una persona determinada y un contexto de coerción real.

El Estado no podía cobrar esta multa sin una investigación judicial previa y una orden judicial que lo avalara.

El gobierno provincial, por su parte, sostiene que el mecanismo de cobro era legal y estaba diseñado para resarcir los gastos extraordinarios ocasionados por las amenazas. Mientras avanza el proceso judicial, la medida mantiene su efecto disuasorio, aunque el bolsillo del Estado no haya recuperado lo invertido.