
El juez Ariel Jesús Cattaneo homologó este miércoles un acuerdo de procedimiento abreviado y condenó a Alejandro Javier Zamora a cuatro años de prisión efectiva, además de imponerle la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La resolución fue dictada en una audiencia realizada en los tribunales de San Lorenzo.
Zamora, de 45 años, es hijo del excomisario Darío Zamora y se encontraba detenido desde el 30 de marzo de 2025 y actualmente está alojado en la Unidad Penitenciaria N° 3 de Rosario.
La condena comprende tres hechos de defraudación y enriquecimiento ilícito vinculados a causas tramitadas por hechos ocurridos en la localidad de Aldao durante 2020, así como un robo calificado agravado por el uso de arma de fuego no habida y la participación de un menor de edad, cometido en Puerto General San Martín el 30 de marzo de 2025.
Imputaron a otras dos personas por un robo a mano armada en Puerto San Martín
Respecto a este último hecho, la Fiscalía le atribuyó los hechos ocurridos el pasado domingo en Puerto General San Martín, donde la policía detuvo a dos individuos (un adulto y un menor) por robo calificado y privación ilegítima de la libertad.
El incidente tuvo lugar en un domicilio de Pasaje 1 al 1300, donde los delincuentes, armados, irrumpieron, agredieron al residente (de 35 años) y robaron tres teléfonos celulares pertenecientes a otros miembros de la familia. Tras la denuncia al 911 y el rastreo de los dispositivos mediante geolocalización, se ubicó a los sospechosos en bulevar Urquiza, San Lorenzo, donde se implementó un operativo cerrojo. El Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) identificó a Javier Zamora y Emanuel M. (16) dentro de un Peugeot 206 negro, incautando los tres iPhones robados, placas de vehículos con orden de secuestro y un radio handy.
Además, Zamora fue condenado por tres hechos de estafa: En 2020 había sido imputado por pedirles a sus subordinados que les prestara su CBU y sacaba créditos a su nombre. Al menos cuatro policías fueron estafados y Zamora pasó a disponibilidad y luego fue exonerado de las fuerzas.
El Fiscal Carlos Ortigoza le atribuyó en fecha 26 de mayo de 2020 a las 20h aproximadamente, haber defraudado económicamente a otro hombre para lo cual simuló ser el mismo contrayendo un préstamo con la empresa “Mango S.A.” que pertenece a “Wenance S.A”, a través de la aplicación de celular o de la página web, requiriendo en su nombre la suma de $99.605 pesos, pudiendo realizar esta simulación debido a que por medio de engaño, la víctima le proveyó su CBU y, aprovechándose de su condición de empleado policial en la comisaría de Aldao, utilizó los datos de la planilla personal de la seccional donde figura toda la información de contacto de los empleados para el perfeccionamiento de la obligación contraída. Así, posteriormente, hizo que la víctima extranjera ese dinero para luego entregárselo al imputado.
En fecha 2 de junio de 2020, defraudó a una persona simulando ser el mismo, contrayendo un préstamo con la empresa “Luquitas” perteneciente a “Wenance S.A.” a través de la aplicación de celular o de la página web, requiriendo en su nombre la suma de $65.701 pesos. Para realizar esta simulación por medio de engaño, la víctima le proveyó su CBU y, aprovechándose de su condición de integrante de la Comisaría 10ma. de Aldao, utilizó los datos de la planilla personal de la Seccional donde figura toda la información de contacto de los empleados para el perfeccionamiento de la obligación contraída. Así, posteriormente, hizo que la víctima extrajera ese dinero para luego entregárselo al imputado.
La trama comenzó a destaparse cuando los oficiales empezaron a recibir llamados de estudios de cobranza. El suboficial Pablo Brusa, una de las víctimas, relató que su esposa recibía llamadas preguntando por él. Al investigar, descubrió que el 26 de mayo se había otorgado un crédito a su nombre por 99.605 pesos, la misma fecha y monto del depósito que le había hecho su jefe.
Al confrontar la situación, Brusa se enteró de que no era el único. Los subinspectores Antonio Rojas, Sergio Alfaro y Leonardo Segovia (este último internado por una operación) cayeron en la misma red. La suma total de las deudas generadas asciende a unos 800 mil pesos.
Al resolver, el magistrado condenó a Zamora como autor de los delitos de defraudación y enriquecimiento ilícito de funcionario público en tres hechos, y como coautor del robo calificado agravado, todos en concurso real. Además, lo declaró reincidente conforme a sus antecedentes penales.
La sentencia establece una pena de cuatro años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, accesorias legales y costas por su orden. Una vez firme el fallo, se realizará el correspondiente cómputo de pena