De vendedor menor a jefe de banda: el vertiginoso ascenso narco de Diego Blanco Paschetto

Una investigación de SumaPolítica  reconstruye cómo Diego Nicolás Blanco Paschetto pasó de vendedor menor a jefe de banda en el Cordón Industrial, y por qué su nombre quedó ligado al secuestro y asesinato del joven de Capitán Bermúdez.

“Ayer compré los 8 (kilos). Llegué a la una y a las dos no tenía más nada, después viajé a Buenos Aires, traje un par y ya no tengo nada. Hace un ratito fui y compré 9 y no tengo más nada“. Con esas palabras, registradas en una escucha telefónica que hoy es parte del expediente por el crimen de Gastón Daniel Montenegro, Diego Nicolás Blanco Paschetto describía, casi como quien rinde un balance comercial, la velocidad con la que se agotaba su mercadería: veinte kilos de cocaína vendidos en menos de un día, con reabastecimientos de urgencia que lo obligaban a viajar a Buenos Aires en busca de nuevos proveedores. Esa conversación retrata el volumen de un negocio que en poco más de un año lo llevó de vendedor menor a referente de una organización propia.

El caso de Montenegro —secuestrado el 25 de junio en Capitán Bermúdez y hallado muerto el 4 de julio en un campo cercano a la ruta 10, a la altura de Serodino, con dos disparos en el cráneo— había motivado el pedido de paradero y las marchas de las que Pregón dio cuenta en su momento . Según la reconstrucción , ese homicidio obligó a interrumpir una causa federal que ya tenía a Blanco en la mira desde diciembre de 2025, cuando fue identificado como comprador de Ariel Fernando Suppa, cabecilla de una organización acusada de importar al menos 750 kilos de cocaína desde Bolivia y de lavar ganancias con operaciones inmobiliarias en Puerto Norte.

De preso por abuso de armas a jefe de banda

Los antecedentes de Blanco se remontan a enero de 2022, cuando el Comando Radioeléctrico de San Lorenzo lo detuvo junto a su pareja y otro hombre con 404 papeles de cocaína listos para la venta. La causa no avanzó por tenencia de droga, sino por abuso de armas, y la condena de tres años que cumplió en la provincia no lo alejó del ambiente: apenas recuperó la libertad, en octubre de 2025, ya tenía armada su propia estructura de venta.

Un investigador consultado por dicho portal lo describe como un actor que fue “pequeño pero muy violento” y lamenta la ausencia de una mirada de conjunto sobre el narcomenudeo en la zona. Esa mirada fragmentada, permitió que Blanco escalara rápido en un terreno que otros referentes históricos del Cordón Industrial —caídos por causas judiciales previas— habían dejado vacante.

La sospecha detrás del crimen

De acuerdo con la fuente consultada, Gastón Montenegro no estaba vinculado a la venta de drogas, algo que también sostuvo siempre su madre, Carina López. El trasfondo señalado por la investigación remite a una disputa entre Blanco y una familia con historia en el narcomenudeo de Capitán Bermúdez: la hipótesis es que Blanco confundió a Montenegro con la persona que había marcado el domicilio donde, meses antes, el propio narco había sido baleado.

Ese ataque previo ocurrió el 20 de marzo, cuando Blanco recibió cuatro de los trece disparos efectuados por atacantes no identificados frente a uno de sus domicilios en Capitán Bermúdez, sobre la calle Presidente Perón. Tras el hecho, se mudó a Timbúes, donde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó su casa el 27 de junio, aunque él ya había escapado. Ese mismo día se realizaron once allanamientos más en Rosario, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán y Funes, a pedido de las fiscales Luisina Paponi y Franco Benetti. Entre los detenidos figuraron Julián David Schreier —señalado como mano derecha de Blanco y encargado de tareas de seguridad y de “catador”, es decir, de certificar la calidad y el peso de la droga comprada al por mayor—, su hermano Rodrigo Gabriel Blanco, y los hermanos Aquiles Alejandro y Ares Jonas Bustamante, oriundos de Villa María y vinculados a otra línea del microtráfico zonal.

La causa por el crimen de Montenegro también dejó al descubierto el nerviosismo de los propios sospechosos. En una conversación exhibida en una audiencia, Matías Nicolás Vega —imputado por encubrimiento— le advirtió a su primo Juan Manuel Vega, señalado como partícipe directo del secuestro: “Tomate el palo que va a caer un allanamiento y te van a llevar de los pelos… Avivate, que no falta mucho para que te caigan”. El aviso no sirvió de nada: ambos terminaron detenidos y quedó al descubierto el intento de hacer desaparecer el auto utilizado en el secuestro.

Un mercado atomizado y violento

La investigación identifica a más de veinte personas trabajando como vendedores o “soldaditos” a las órdenes de Blanco, con puntos de venta en un domicilio de Fray Luis Beltrán, otro en Capitán Bermúdez y también en Rosario, aunque los operativos solo lograron secuestrar cantidades menores de marihuana y LSD. Los hermanos Bustamante, además, remiten a otra ramificación del negocio: habían sido condenados en mayo de 2025 a tres años de prisión condicional como partícipes secundarios en venta de drogas, y en noviembre de ese año quedaron imputados junto a su madre, Alejandra Beatriz Vega —que sigue detenida tras sobrevivir a un atentado con una bomba molotov— como vendedores de una banda que operaba en los barrios Parque Casas y Nuevo Alberdi Oeste, siguiendo órdenes de un preso alojado en Piñero, Maximiliano Blanca. El recaudador de esa línea, Nicolás Ezequiel Marín, fue detenido en noviembre de 2025 en Capitán Bermúdez.

Ese entramado de bandas que operan desde la cárcel aparece también en otro tramo de la investigación: un informe de la PSA describió a Walter “el Viejo” González, preso en Piñero, como “el eje de continuidad delictiva en Capitán Bermúdez, especialmente en el barrio Copello”, y sostuvo que “su liderazgo desde prisión garantiza que la familia mantenga el control territorial del barrio”. Esa organización había protagonizado antes otro hecho de sangre en la zona: el asesinato de Nahuel Oliva, el 17 de julio de 2020 en Fray Luis Beltrán, atribuido al enfrentamiento con una red liderada por Marco Leonel Gutiérrez, quien compraba y vendía droga bajo la fachada de una compraventa de autos. Gutiérrez había recibido una condena condicional en 2020 por alojar a Valentín Mauro Montenegro —hermano de Gastón—, entonces menor de edad y señalado como autor del crimen de Oliva, y en diciembre de 2024 fue condenado a cuatro años por tráfico de estupefacientes en la Justicia Federal; su socio, Matías Andrés Bruzzoni, recibió una pena de seis años y ya recuperó la libertad. Esa misma causa alcanzó a la inmobiliaria rosarina Squadra Propiedades y a un circuito de lavado de dinero mediante la compra de autos de alta gama y un lote en el club Campo Timbó, de Oliveros —el mismo predio donde Brian Bilbao tenía una pista de aterrizaje clandestina para recibir envíos de droga desde Paraguay.

También del entorno de Gutiérrez surge otro nombre: un sobrino suyo, hoy prófugo, apareció como “brazo operativo” en la causa que investiga a la banda de Jehiel Fabián Marino y Ramón Velázquez, que operaba desde la cárcel de Resistencia con presuntas complicidades de agentes de la delegación San Lorenzo de la Prefectura Naval. La última pareja de ese prófugo, Eliana Noelia Fernández, fue asesinada a balazos por sicarios en noviembre de 2025, un crimen que continúa sin detenidos.

Ese mapa de bandas, ajustes de cuentas y liderazgos carcelarios es, para la fuente, la prueba de un mercado “atomizado”, con vendedores chicos y muy violentos, conocidos en San Lorenzo, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria, sobre el que “nadie está viendo el panorama completo”.

El teléfono que lo delató

Un dato clave de la pesquisa surge de la causa contra la organización de Ariel Suppa —el vecino de Roldán que compraba cocaína en Bolivia y la trasladaba por ruta bajo la cobertura de supuestas excursiones de compras de electrodomésticos—: entre la documentación secuestrada, junto a 52 kilos de cocaína, apareció la venta de un Renault Kwid a Diego Blanco, a pagar en cuotas de 1.600 dólares, y su mención en las comunicaciones de la banda bajo el apodo de “Pipo”. El 18 de diciembre, la PSA lo interceptó al volante de ese auto en Polledo y Ciudadela, Rosario, junto a su pareja; ambos siguieron en libertad, pero Blanco perdió el vehículo —que quedó secuestrado— y, sobre todo, un celular que terminó aportando numerosos datos sobre sus operaciones, incluida la conversación citada al inicio de esta nota, mantenida apenas un día antes.

Desarticulan una red de narcotráfico internacional en el Gran Rosario con 13 detenidos y 52 kilos de cocaína incautados

Según las fuentes, solo en noviembre de 2025 Blanco había entregado 160 mil dólares y 135 mil pesos a la organización de Suppa a cambio de 66 kilos de cocaína. En una de las escuchas, se lo escucha cerrar precio: arranca pidiendo dejarlo en 3.900 dólares el kilo y termina acordando 3.650. Un viaje suyo a Buenos Aires, registrado en la misma causa, indicaría además el contacto con otro proveedor distinto al de Suppa.

Para la investigación, el perfil de Blanco no es el de un “personaje excepcional”, sino el de otro emergente de un mercado de narcomenudeo desatendido en el Cordón Industrial, donde las caídas de referentes anteriores solo abrieron paso a una nueva disputa violenta.