Del bloqueo a los portones a la Justicia Penal: así fue la medida cautelar que sacudió al conflicto de IDM

El Juzgado de Distrito en lo Laboral N°1, a cargo de la Dra. Mariana Otárola, dictó una medida cautelar contra Jorge Alberto Aragón y remitió el caso a la Justicia Penal. Este miércoles habrá audiencia en el fuero penal.

La jueza Mariana Otárola, titular del Juzgado de 1ª Instancia de Distrito en lo Laboral de San Lorenzo, resolvió el 14 de agosto una medida cautelar solicitada por la empresa IDM S.A. en el marco de la causa “IDM S.A. c/ Aragón Jorge Alberto s/ Medidas Cautelares y Preparatorias”. El mandamiento judicial se hizo efectivo en tiempo y forma, según confirmaron fuentes cercanas al proceso.

La Resolución Judicial N° 1174 ordena, en pocas palabras:

• Prohibición de acercamiento: Jorge Alberto Aragón no puede acercarse a menos de 500 metros del perímetro, los portones y los accesos de la planta de IDM sobre Ruta Provincial 10, San Lorenzo, por un plazo de tres meses.
• Cese de hostigamiento: Se ordena terminar con cualquier acto de intimidación, bloqueo o acoso hacia directivos, trabajadores y transportistas de la empresa.
• Desmonte de cámaras: Se dispuso desconectar, desmontar y secuestrar los dispositivos de videovigilancia que apuntaban hacia los trabajadores, colocados en unidades apostadas en el exterior de la planta.
• Intervención de la fuerza pública: Se habilitó a la Policía de Santa Fe a usar la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de la medida, con un plazo de 48 horas para el operativo.
• Pase a la Justicia Penal: la jueza remitió los antecedentes al fuero penal y al Ministerio Público de la Acusación por la denuncia de extorsión, dejando planteado que la situación excede su competencia laboral.

En síntesis: la Justicia le puso un límite físico y legal a Aragón para frenar lo que la empresa había denunciado como un cerco de hostigamiento contra su personal, y trasladó la discusión sobre la presunta extorsión a la órbita penal, donde este miércoles está prevista una audiencia.

La palabra de la defensa de la empresa

En el diligenciamiento de la medida intervinieron los abogados patrocinantes de IDM S.A., Dr. Gustavo E. Feldman y Marcos Peiretti. Feldman calificó la resolución como contundente y señaló que se cumplió “en tiempo y forma”. Según el letrado, la medida responde a la necesidad de la empresa de resguardar a sus trabajadoras y trabajadores frente a una situación de violencia que, sostiene, fue generada de manera ilegal por personas ajenas a la firma.

El conflicto de fondo: una interna societaria que llegó a los portones

La causa judicial es la última escena de un conflicto societario que viene de arrastre. IDM (Ingeniería de Desarrollo Medioambiental), la planta de tratamiento de residuos industriales y peligrosos ubicada sobre Ruta 10, cambió de manos a comienzos de este año: el paquete accionario fue adquirido por el grupo inversor Caterina Group, de Buenos Aires, luego de que la compañía atravesara una fuerte crisis financiera que incluyó la pérdida temporal de la habilitación ambiental y meses de sueldos impagos a sus cerca de 120 trabajadores.

En ese contexto irrumpió Jorge Alberto Aragón, quien se presenta públicamente como apoderado de un grupo de accionistas minoritarios —la familia Aragón, con una participación que ronda el 17% del paquete accionario histórico— y que en las últimas semanas protagonizó protestas en los portones de la planta, con vehículos atravesados en el ingreso, reclamando el pago de su parte y denunciando un supuesto vaciamiento patrimonial por parte de la nueva administración.

No todas las versiones del conflicto coinciden. Jorge Alberto Aragón, tras la salida de la familia Lauria— quedó integrada por los apellidos Cardozo, Álvarez, Longone y Segales, y de esos grupos solo la familia Segales continuaría dentro de la firma, con una participación minoritaria del 13,5%. Esa reconstrucción documental no coincide con la versión pública de Aragón, quien se presenta como titular de un 17% del paquete accionario.

Fuentes judiciales sobre las denuncias de vaciamiento y enterramiento irregular de residuos que Aragón viene planteando ante la prensa, y afirmó que la Fiscalía no tiene radicada ninguna causa penal por esos hechos, sin expedientes ni peritajes abiertos que las respalden. A eso se suma otro dato que el propio informe señala como llamativo: el presunto entierro de residuos que denuncia Aragón habría ocurrido, según esa reconstrucción, durante la composición accionaria anterior a la actual, es decir, en una etapa donde —de ser cierta su versión sobre el porcentaje que posee— también él tendría participación en la sociedad.

La empresa, por su parte, sostiene que esas acciones excedieron el reclamo societario legítimo y derivaron en hechos de hostigamiento hacia el personal, con cámaras apuntando a los movimientos de los trabajadores y bloqueos que entorpecían el ingreso de camiones. Sobre esa base construyó el pedido de medida cautelar que la Dra. Otárola terminó de resolver.

El conflicto había generado además preocupación gremial: el Sindicato de Trabajadores Químicos de San Lorenzo viene de meses de tensión por suspensiones, sueldos adeudados y la incertidumbre del cambio de dueños, en una planta considerada clave para el tratamiento de residuos peligrosos de todo el cordón industrial.

Con la medida ya diligenciada, el eje del conflicto pasa ahora a la Justicia Penal, donde este miércoles se realizará la audiencia que definirá los próximos pasos de la causa por la denuncia de extorsión.