
Esteban Delgado, imputado por delitos sexuales agravados, había quedado libre debido a la falta de un pedido de prórroga de su prisión preventiva. Los abogados de la familia confirmaron que el sujeto fue recapturado y que los hermanos de la víctima cuentan con custodia policial permanente.
A través de un comunicado de prensa, la querella de la causa que investiga el femicidio de Sofía Delgado expuso una seria controversia institucional en el distrito judicial de San Lorenzo. El documento emitido por los abogados Gabriel Filippini y María Laura Maderna visibiliza los detalles detrás de la excarcelación y posterior recaptura de Esteban Delgado, imputado en una causa derivada por delitos sexuales agravados, cuya liberación inicial se produjo por la falta de presentación a tiempo de la prórroga de la prisión preventiva.
Frente a la omisión del trámite procesal, el juez penal Ariel Cattaneo debió otorgar la libertad del acusado en estricto cumplimiento de los términos legales. Sin embargo, la situación dio un vuelco a las pocas horas: la querella presentó el testimonio de un testigo ocular clave, lo que permitió formular una nueva acusación y concretar la redetención inmediata de Delgado.
En el comunicado, los representantes legales de la familia llevaron tranquilidad a la comunidad y confirmaron que los hermanos de Sofía Delgado se encuentran contenidos y bajo custodia policial permanente mientras intentan retomar de manera paulatina sus actividades cotidianas.
Asimismo, la querella cuestionó con dureza el error cometido por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), al considerar que expuso a la familia a un riesgo innecesario y a una situación de revictimización. En ese sentido, remarcaron que el propio organismo fiscal inició una auditoría interna para investigar las responsabilidades del funcionario implicado y aplicar las sanciones disciplinarias pertinentes.
Por otro lado, los abogados destacaron la rápida intervención del nuevo fiscal del caso, Javier Paz, así como el acompañamiento de la jefa interdistrital Marianela Luna y del fiscal regional Matías Merlo, quienes asumieron la gestión de las medidas de seguridad para resguardar a los familiares.
El episodio dejó al descubierto la necesidad de revisar los mecanismos de control e interacción dentro del sistema de justicia penal. Desde la querella instaron a que la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) incorpore un sistema de alarmas procesales automáticas con indicadores de vencimiento de prisiones preventivas.
El objetivo de esta propuesta es garantizar notificaciones inmediatas al órgano acusador antes de que expiren los plazos, evitando que personas imputadas por delitos graves o de índole sexual recuperen la libertad por fallas administrativas o de comunicación institucional.
