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Funcionarios del Estado estarían involucrados en el juego clandestino

Esta tarde se realizó en el Centro de Justicia Penal una audiencia imputativa de ampliación al ex fiscal Gustavo Ponce Asahad por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y miembro de asociación ilícita en carácter de coautor, por la causa que investiga la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía Regional Rosario vinculada a una estructura relacionada al juego clandestino.

Tras la audiencia, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra expresaron que Ponce Asahad: “reconoció haber recibido dinero de Peiti, y también admitió haber recibido dinero del empresario del juego Leonardo Peiti, y reveló cuál era la función del ex fiscal Regional Patricio Serjal en esa organización y, además, admitió formar parte de una asociación ilícita de la cual forman parte otros funcionarios del Estado”.

Ponce Ashad fue imputado por haber conformado una asociación ilícita integrada además por – al menos – el ex fiscal regional Patricio Serjal, Nelson Ugolini y otros. El objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización de la autoridad competente. Para ello los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal.

La organización se desplegó en el ámbito de la provincia de Santa Fe, concretamente en la ciudad de Rosario, Villa Gobernador Galvez, ciudad de Gálvez y Rafaela; siendo el asiento principal de los negocios y la residencia de los organizadores se encuentra en la ciudad de Rosario. Los organizadores de esta asociación fueron Leonardo Peiti y Patricio Serjal mientras que el resto de las personas antes nombradas participan en carácter de integrantes y conforme el rol que se asigna a cada uno de ellos.

Así ofrecieron y aceptaron dinero a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de su funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos. Dicha organización tuvo una duración temporal que va al menos desde mediados de diciembre de 2018 (fecha en la cual afirma Peiti haberse encontrado por primera vez con Ponce Asahad., en su carácter de Fiscal Adjunto, para ofrecerle información sobre sus causas) hasta el 24 de julio de 2020 (fecha en la cual se reunieron en la cochera sita en calle Jujuy al 2300 de Rosario el abogado de Peiti, Luis Rossini y Ponce Asahad.

Cabe recordar que el pasado 1° de diciembre las Tropas de Operaciones Especiales irrumpieron en varios domicilios de Rosario, pero también llamó la atención el realizado en Junín al 100 en el departamento 3B, propiedad de Elvio L. en la localidad de Puerto General San Martín. a quien le secuestraron celulares. Su hija Brenda, sería la secretaria de Leonardo Peiti, a quien también allanaron su departamento y prestó declaración en fiscalía. La fiscalía busca una pista que vincule al senador Armando Traferri con Peiti, a través de el ex diputado Darío Scataglini que le pide a la secretaria de Peiti,, que quería comunicarse con él y así consta en un registro de llamadas.

El fiscal Luis Schiappa Pietra reveló que “se mencionaron a otras personas del Estado”, pero aclaró: “Vamos a resguardar detalles para no entorpecer la investigación. Esa una declaración que nos permite profundizar y avanzar en la causa y, además, ratifica el trabajo que estamos realizando”.

La investigación a Ponce Asahad

El rol en la asociación ilícita de Ponce Asahad consistió en haber usufructuado ilegalmente su cargo de Fiscal Adjunto, aprovechando ese lugar para recibir dinero de Peiti a cambio de transmitirle directa y/o indirectamente por medio de sus empleados responsables, información relativa a las investigaciones que pudieran tener a éste como sospechoso y/o aquellas que él le solicite y/o las referidas a juego ilegal.

A mediados de diciembre de 2018 Ponce Asahad se comunicó con Peiti a fines de informarle que existían en el ámbito del MPA investigaciones penales en su contra y que él lo podría ayudar a eludirlas. El imputado junto a Ugolini. obstaculizó la investigación penal por juego clandestino a cargo del Fiscal de Melincué Dr. Matías Merlo que llevaba como imputado a Peiti y otros, informando al imputado la existencia de la investigación y la solicitud de allanamientos, lo que motivó que el Fiscal Dr. Merlo desista de su realización a consecuencia de esa filtración de información.

A sabiendas de la existencia de una investigación sobre juego clandestino cuya tramitación se encontraba ante la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, el día 05/12/2018 Ugolini creó un legajo sobre juegos de azar y se le asignó por fuera de la reglamentación vigente a Ponce Asahad., con el fin de interferir en los allanamientos que estaba por realizar el Fiscal Merlo. Esto les permitió justificar acceder a información vinculada a las investigaciones del Fiscal y vincular a un legajo propio los legajos a cargo de la Unidad de Delitos Económicos sobre juegos de azar, en el cual solicitó una veintena de allanamientos.

En la audiencia de hoy el imputado solicitó declarar reconociendo algunos de los hechos imputados y aportando detalles de los mismos y de las personas que participaron incluso vinculadas a otros estamentos del Estado. En virtud de la gravedad institucional de la declaración, la Jueza Eleonora Verón remitió la copia de audio y video de la audiencia a la Legislatura Provincial y a la Corte Suprema de Justicia, a fines que se revise su contenido y dispuso una serie de medidas de seguridad para los actores involucrados en la audiencia.

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