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Juego clandestino: la justicia revisa lo condenado, pero demora lo pendiente
Juego clandestino: la justicia revisa lo condenado, pero demora lo pendiente
La Cámara de Apelaciones comenzó a analizar las condenas contra exfiscales del MPA en una causa por corrupción que sigue incompleta: mientras algunos fallos se revisan, las imputaciones a otros presuntos miembros, entre ellos el senador Traferri, continúan sin resolverse.
En la sede de Tribunales Provinciales de Rosario, comenzó hoy la audiencia de apelación en la causa que condenó a Patricio Serjal (48) y Nelson Ugolini(38) por delitos de corrupción y asociación ilícita por juego clandestino, en una megacausa que lleva años y que aún restan más imputaciones. La sentencia original, dictada el 7 de noviembre de 2025, había sido duramente cuestionada por las defensas, lo que motivó la instancia de revisión. Durante el juicio oral, el tribunal impuso 9 años de prisión al ex fiscal general Patricio Serjal. y 5 años a Nelson Ugolini, empleado del Ministerio Público de la Acusación.
El tribunal de alzada está integrado por los jueces Javier Beltramone, Ismael Manfrin y Carolina Hernández. Por el Ministerio Público Fiscal actúan los fiscales Marisol Fabbro y José Luis Caterina.
Las penas confirmadas en primera instancia
Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión efectiva, multa e inhabilitación absoluta perpetua. Se lo encontró responsable de los delitos de asociación ilícita en carácter de organizador, cohecho pasivo agravado por funcionario público y peculado de servicios. En tanto, fue absuelto del cargo de falsedad ideológica.
Por su parte, Nelson Ugolini recibió una pena de 5 años de prisión efectiva, multa e inhabilitación especial por 10 años para ocupar cargos o empleos públicos. Fue hallado culpable de asociación ilícita en calidad de miembro y cohecho pasivo en carácter de autor.
El resultado de esta revisión es considerado crucial, ya que podría tener repercusiones en la situación de otros involucrados, incluyendo la causa contra el senador Armando Traferri, quien está imputado, pero no fue arrestado.
Un debate que demandará varias jornadas
Fuentes judiciales indicaron que el desarrollo de la audiencia de apelación tiene previsto extenderse a lo largo de varios días, durante los cuales se analizarán los argumentos de las defensas y la postulación de la fiscalía. Se espera que en los próximos días declaren testigos y peritos, aunque el cronograma detallado aún no fue oficializado.
La resolución que adopten los jueces Beltramone, Manfrin y Hernández podría ratificar la condena, modificarla o incluso anularla, en cuyo caso se ordenaría un nuevo juicio. Hasta el cierre de esta edición, las defensas no formularon declaraciones a la prensa.
En la previa de esta audiencia de revisión, hubo recusaciones cruzadas, por un lado, el Fiscal José Luis Caterina solicitó el apartamiento del juez Javier Beltramone, al considerar que el magistrado tenía un estrecho vínculo con el abogado Fernando Moschini, quien está investigado y será imputado en los próximos días; pero los camaristas rechazaron el pedido de la acusación.
El ex fiscal regional Patricio Serjal (48) fue condenado en el mes de noviembre de 2025, por corrupción institucional en una causa que expuso las conexiones entre funcionarios judiciales y el juego ilegal. El fallo, fue leído por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese.
Durante el juicio, los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato habían solicitado una pena de 12 años de prisión para Serjal, quien se desempeñaba como jefe de los fiscales de Rosario. En la misma causa, también fue sentenciado el empleado judicial Nelson Ugolini (38), a quien los jueces impusieron 5 años de cárcel, tal como lo había requerido el Ministerio Público Fiscal.
Una trama que vinculaba juego clandestino y la banda de Los Monos
El juicio a Serjal giró en torno a la protección que el exfuncionario habría brindado a una red de juego clandestino liderada por el empresario Leonardo Peiti, ya condenado. Según la acusación, a cambio de dinero, Serjal daba instrucciones para garantizar la impunidad del entonces fiscal Gustavo Ponce Asahad —quien aceptó una condena reducida de 3 años como imputado colaborador— y para favorecer los negocios ilegales de Peiti.
La investigación tuvo su origen en el ataque a tiros al casino City Center de Rosario en enero de 2020, hecho en el que murió el gerente bancario Enrique Encino, un apostador que fumaba en un balcón y fue alcanzado por un disparo. Según la pesquisa, ese atentado fue ordenado por el líder de la banda Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, con fines extorsivos.
Uno de los momentos clave del proceso fue el testimonio de Leonardo Peiti, quien ya había sido condenado en 2021 a seis años de prisión por pagar sobornos y lavar dinero, pena que luego se redujo a tres años por su colaboración como imputado colaborador. Peiti recuperó la libertad tras diez meses de detención y admitió haber controlado numerosos emprendimientos de juego clandestino en la provincia, así como haber pagado sobornos a actores políticos y judiciales.
La conexión que destapó todo
El derrotero judicial se activó cuando Maximiliano “Cachete” Díaz, un lugarteniente de Cantero, realizó una llamada desesperada desde un celular intervenido al empresario Peiti. En esa comunicación, Díaz le pidió que averiguara “con sus amigos de Fiscalía” sobre la situación de dos personas apresadas. Ese intercambio dejó al descubierto la red de complicidades que, para los fiscales, integraban Serjal y Ugolini con el fin de brindar cobertura al empresario del juego y sus negocios ilegales y de alertarlo de los distintos allanamientos. Esta pata judicial, tambien la integraba el exfiscal Ponce Asahad quientras cumplir tres años de condena, salió en libertad, tras acogerse bajo la figura de imputado colaborador.
De esta manera, el exfiscal regional fue encontrado culpable de los delitos de asociación ilícita en calidad de organizador, cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público agravada por su condición de funcionario, omisión de persecución y peculado de servicios.
La causa, que ya lleva varios años de investigación, la iniciaron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes fueron desplazados en el medio de un escándalo judicial. Los fscales sostenían que el senador departamental recibía dinero del empresario del juego Leonardo Peiti, a cambio de mover influencias para legalizar el juego y brindar protección judicial y política. Por entonces, la Defensa de Traferri, de que la causa era un invento del ex ministro de Seguridad de Omar Perotti, Marcelo Saín, mientas que se amparó en sus fueros legislativos, por lo que el senador no se presentó a declarar en el año 2020 cuando fue acusado de ser el líder de esta red de juego clandestino.
La investigación la continuaron los fiscales Caterina, Granato y Fabbro y en octubre de 2023, con el mismo Senado se votó a favor de que Traferri pueda ser interrogado e imputado. En esa sesión se aclaró que no podrá ser detenido aún si así lo pidieran los fiscales.
Imputaciones suspendidas
Paralelamente, la semana pasada, estaba prevista una audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal de Rosario a seis personas vinculadas a la trama, entre las que se destacan cuatro abogados, un exlegislador y un empresario frigorífico con pasado en la Fórmula 1.
Se trata de los letrados José Fernández Chemes, Aníbal Porri, Alberto Tortajada y Fernando Moschini; el exdiputado Darío Scataglini; y el expiloto Oscar “Popi” Larrauri. Todos ellos deberán comparecer ante la Justicia por la causa. Sin embargo, las Defensas de los investigados se opusieron y la audiencia se suspendió, sin fecha de reprogramación.
Los fiscales José Luis Caterina y Marisol Fabbro mantienen bajo estricto secreto los delitos que les atribuirán a los citados. Sin embargo, el avance del proceso ya generó fuertes tensiones: uno de los abogados convocados, Fernández Chemes, se adelantó y denunció a los propios fiscales ante la Auditoría, a través de sus representantes legales. Según su denuncia, habría existido presión para que declare contra Traferri, una maniobra que los investigadores interpretan como un intento de entorpecer la causa o recusar a los magistrados.
Loas roles de cada uno dentro de la red de juego clandestino
El caso Porri: allanamiento y reuniones en un baldío
Aníbal Porri, un letrado con fuerte influencia en el ámbito sindical fue allanado en 2020. Los fiscales lograron entonces imágenes de encuentros suyos en un terreno baldío con otros implicados en la red. Su celular fue secuestrado y la información recabada sería clave en la imputación.
Por su parte, la Defensa de Fernández Chemes había denunciado previamente al fiscal José Luis Caterina ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial por un supuesto ofrecimiento irregular para que el abogado se convirtiera en arrepentido y declarara contra Traferri, a través de un correo electrónico.
El estudio del contador Jorge Fernández Chemes, en pleno centro de Rosario, fue allanado dos veces en menos de tres meses. De su celular surgieron conversaciones que expusieron la trama política y judicial que blindaba al clan de Los Monos.
La causa por lavado y organización criminal tuvo un avance en diciembre de 2020 y febrero de 2021, cuando la Policía allanó la oficina de Fernández Chemes en Corrientes 842, Rosario. El objetivo: encontrar el eslabón financiero del empresario del juego ilegal Leonardo Peiti, alias “Peiti”.
Del teléfono del contador saltaron chats con Peiti y con otros investigados que documentaron reuniones con el exsenador Armando Traferri y gestiones para entorpecer causas judiciales. Entre ellas, la famosa resolución 68/12, redactada por el funcionario Sergio Serjal el 28 de marzo de 2018, que buscaba frenar una investigación de la fiscal Marianela Luna sobre casinos clandestinos en Casilda.
Imputados por estafa y lavado
El 5 de agosto de 2021, Fernández Chemes y el expiloto de automovilismo Oscar “Popi” Larrauri fueron imputados por estafa y lavado de activos. Según la fiscalía, Larrauri usó sus empresas para blanquear dinero de Peiti y también participó en maniobras para “lavarle la cara” al narco, con el objetivo de hacerlo más presentable ante la Lotería de Santa Fe.
El celular de Fernández Chemes también reveló conversaciones con el Darío Scataglini entre marzo y mayo de 2020, vinculadas a la autorización del juego online. Scataglini, que entonces era secretario de Legal y Técnica de Villa Gobernador Gálvez, hacía gestiones para Peiti en Lotería. Renunció en febrero de 2021, empujado por el escándalo.
Según los chats, Scataglini era “el hombre fuerte” en Diputados, según palabras de Peiti, y una pieza clave para lograr el convenio que el empresario tanto deseaba. El 10 de julio de 2020, Scataglini llamó a un teléfono intervenido de Peiti y le dijo a su secretaria Brenda Lomello, que hablaba en nombre de Traferri. Cinco días después, según la investigación Peiti, Scataglini y Traferri se reunieron en el puerto de Santa Fe y discutieron la firma del convenio con Lotería.
Peiti comenzó a perder confianza el 20 de julio de 2020, cuando el excomisario Alejandro Torrisi fue detenido al salir de un ciber después de cobrar dividendos de la organización. Al día siguiente, Peiti fue con su abogado Alberto Tortajada al Centro de Justicia Penal. Las cámaras registraron cómo Tortajada habló con el fiscal Gustavo Ponce Asahad.
Tortajada volvió a aparecer en diciembre de 2020, cuando se presentó en la fiscalía de Melincué como defensor de Peiti y se reunió con el fiscal Matías Merlo. En ese momento se investigaban casinos clandestinos en el departamento General López. Merlo denunció a Tortajada por ofrecerle dinero en nombre del empresario y pidió allanamientos contra el abogado.
En cuanto a Moschini, según la fiscalía, su objetivo no era proteger a Peiti, sino al senador Traferri. Entre sus maniobras más llamativas: irrumpió por WhatsApp durante una audiencia en la que Peiti firmaba un juicio abreviado con la Fiscalía de Rosario.
Moschini fue allanado por filtrar el preacuerdo de Peiti. De su celular secuestrado surgieron chats con Traferri y con el abogado del senador, Oscar Romera.
Tras años de investigación, el derrotero judicial provocó que haya solo dos condenas, la de Serjal y Ugolini que están siendo revisadas por otro tribunal. Mientras tanto, la trama del juego clandestino se dilata.
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