El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación solicitó, a través de una medida cautelar presentada en el Juzgado Federal de Victoria, Entre Ríos, la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 22 y sucesivos de la Ley 26815 de Manejo del Fuego.

En dichos artículos se establece que los lotes rurales en donde ocurran incendios no podrán cambiar su uso por un período de 60 años cuando se trate de zonas protegidas y 30 años cuando se produzcan en áreas rurales sin protección. El fin de estos plazos es recomponer y reparar el área ambiental castigada por los focos ígneos.

Esta acción es posible gracias al entrecruzamiento de la geolocalización de los incendios, registrados por el sistema de alerta temprana instalado por la actual gestión de la cartera nacional de Ambiente en el Delta –conocidos como Faros de Conservación-, y los datos catastrales solicitados por dicho organismo a la Administradora Tributaria de Entre Ríos.

La Ley 26815 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional. La modificación de dicha norma, a través de la Ley 27604, promovida por el diputado nacional Máximo Kirchner, estableció prohibiciones al cambio de uso de suelo o modificaciones en el uso agropecuario por un plazo de 60 años en reservas naturales y 30 años en áreas rurales sin protección, con el objetivo de desincentivar los incendios intencionales y con el propósito de garantizar el tiempo necesario para la restauración del ecosistema dañado por el incendio. Es responsabilidad de las jurisdicciones provinciales y de la Justicia aplicar las acciones de recomposición y reparación que se establecen en la norma vigente.

Las acciones del Ministerio de Ambiente en la Justicia Federal con asiento en Entre Ríos, comenzaron a mediados de julio cuando se presentaron imágenes detectadas por los Faros de Conservación para aportar pruebas georreferenciadas de los focos ígneos.

Asimismo, el 9 de agosto, el ministro Juan Cabandié y el viceministro, Sergio Federovisky, viajaron a la ciudad de Victoria para ampliar la información presentada y solicitar a la provincia que brinde los datos catastrales de los terrenos que presentaban reiteradamente focos ígneos.

La medida cautelar presentada hoy forma parte del conjunto de acciones que se llevan adelante para instar a la Justicia a que sancione a los responsables de los incendios forestales en el Delta del Paraná.
Cabe remarcar que la primera denuncia sobre incendios en el Delta se radicó en junio del 2020 en el Juzgado Federal N°2 de Paraná a cargo del juez Daniel Edgardo Alonso. En esa causa el Ministerio de Ambiente de la Nación es querellante.

Actualmente operan en la zona un avión hidrante y dos helicópteros. Asimismo, brindan asistencia 12 brigadistas y personal de apoyo afectado al combate de incendios pertenecientes a la Policía Federal Argentina; y se encuentran en apresto para incorporarse 10 personas de la Administración de Parques Nacionales. Además, se otorga apoyo técnico con pronóstico meteorológico para planificación.