Liberaron al padre de Sofía Delgado por un “error judicial”: la Fiscalía inició una investigación interna

El escándalo judicial sobre la libertad de Esteban Delgado, el padre de Sofía, quien fue hallada muerta en un descampado de Ricardone y por la cual hay cinco imputados, sacudió a todo el sistema judicial de la Fiscalía Regional de Rosario. El hombre acusado de abuso sexual contra la joven y su hermana menor, quedó en libertad por un error de procedimiento, debido a que el Ministerio Público de la Acusación no solicitó la prórroga de la prisión preventiva, la defensa del imputado solicitó la libertad, y el juez Ariel Cattáneo debió concederla.

Esteban Ramón Delgado, el padre de Sofía Delgado —la joven de 20 años asesinada en 2024 en San Lorenzo— e imputado por abuso sexual contra ella y contra su hermana menor, recuperó la libertad tras el vencimiento de la prisión preventiva sin que se solicitara su prórroga. La causa, que investiga el Ministerio Público de la Acusación (MPA), quedó envuelta en una fuerte polémica judicial, mientras la querella se constituyó de urgencia y pidió nuevas medidas de protección para las víctimas.

Delgado se encontraba detenido desde diciembre de 2024, imputado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, cometido contra Sofía y contra su otra hija, hoy de 15 años, entre los 9 y los 13 años de edad. La medida cautelar caducó por el paso del tiempo procesal y, al no existir un pedido fiscal de prórroga, el juez de primera instancia, Ariel Cattáneo, no tuvo margen legal para mantenerlo detenido y ordenó su liberación inmediata.

La salida se concretó sin restricciones adicionales dispuestas por el fuero penal. La única protección vigente para la familia es una prohibición de acercamiento dictada tiempo atrás por el Juzgado de Familia, a cargo del entonces juez Marcelo Escola. Según indicó la querella, el domicilio fijado para Delgado se encuentra a unos 300 metros de la vivienda de las víctimas, pese a que la restricción de acercamiento establece un límite de 500 metros.

Quién debía pedir la prórroga

El expediente por abuso sexual estuvo a cargo del fiscal Maximiliano Nicosia hasta el 1° de junio, cuando la causa pasó al fiscal Javier Paz, uno de los nuevos integrantes de la fiscalía de San Lorenzo. Consultado sobre lo sucedido, Nicosia remarcó que desde esa fecha el expediente ya no estaba bajo su órbita.

Desde la Fiscalía Regional 2.ª informaron que se está relevando la información interna del trámite de la causa, en relación con la labor fiscal desarrollada, para determinar qué ocurrió puntualmente y por qué no se solicitó en tiempo y forma la prórroga de la prisión preventiva.

La versión de la querella: “Esto es gravísimo”.

El abogado querellante Gabriel Filippini, quien representa junto a la doctora Laura Maderna a los hermanos de Sofía Delgado, fue categórico al calificar lo sucedido: “Es inaceptable que haya quedado en libertad”, remarcó, para luego definir la liberación directamente como “un claro error judicial”.

Filippini repasó el recorrido de la causa desde la denuncia original. Explicó que, tras la muerte de Sofía, él y Maderna se habían constituido como querellantes en la causa por el homicidio, y que en ese marco lograron que el entonces fiscal, Nicosia Herrero, consiguiera en 2024 el pedido de detención contra Delgado. En algunas oportunidades, dijo, llegaron a preguntarle al fiscal si hacía falta que también se constituyeran como querella en la causa de abuso, y “en ese momento nos dijo que no”, una decisión que, sostuvo, en ese momento les pareció razonable porque “había avanzado la investigación” y el imputado seguía preso. Además, recalcó que el objetivo era no revictimizar a las víctimas.

Sobre el modo en que se enteraron de la liberación, Gabriel Filippini, el abogado ahora querellante en esta causa de abuso, fue especialmente duro: contó que el nuevo fiscal a cargo, Javier Paz, se comunicó con los hermanos de Sofía recién el día 3, alrededor de las 19 horas —un día después de que Delgado ya hubiera recuperado la libertad—, “informándoles que desconocía los motivos sobre la libertad, pero que Delgado había obtenido la libertad”. Para entonces, dijo, los hermanos ya tenían la información por otra vía: un testigo que había visto a Delgado circulando cerca del domicilio donde viven, testimonio que la querella se disponía  hoy a presentar ante la unidad fiscal.

Filippini también apuntó a un dato que consideró particularmente grave: la libertad se le otorgó a Delgado fijando domicilio a 300 metros de la casa de las víctimas, cuando la restricción de acercamiento vigente establece 500 metros. Y recordó el historial de trabajo del equipo interdisciplinario provincial junto a Maderna desde el asesinato de Sofía: la hermana menor, Lourdes, no salía de su domicilio y había quedado fuera de la escuela porque ya había comenzado el período escolar cuando se mudaron; tuvieron que tramitar una medida cautelar para lograr su escolarización.

“Junto a la Dra. Laura Maderna hemos hecho un trabajo con el equipo interdisciplinario provincial; a partir del asesinato de Sofía Delgado, no querían salir de su domicilio, Lourdes no estaba escolarizada, no iba a la escuela; en el colegio no nos aceptaban a Lourdes porque ya había iniciado el periodo escolar. Tuvimos que meter una medida cautelar para que Lourdes se escolarice. No, y entiendo lo que significa para Lourdes, que es denunciante, que este hombre, su denunciado, quien está imputado por el abuso de esta joven, esté en libertad”, señaló el letrado.

Consultado sobre si la querella pudo haber pedido ella misma la prórroga, Filippini reconoció que la querella está facultada para hacerlo, pero que en ese momento no estaban constituidos formalmente en la causa de abuso porque “estábamos con tranquilidad, con privación de libertad y con una medida cautelar” vigentes. “Si hubiéramos estado constituidos como querellantes, hubiéramos solicitado la prórroga, es una facultad que tiene la querella”, afirmó, y calificó lo ocurrido como “un claro error judicial” que, aclaró, “podría ser involuntario” —pero remarcó que no le corresponde a la querella “enfrentar” a la fiscalía por la reorganización interna del MPA, ya que “las víctimas están ajenas a esas reorganizaciones”.

Sobre lo que viene, Filippini adelantó que la querella, ya constituida, tendrá una audiencia dentro de las próximas 24 o 48 horas, en la que se plantearía además el inicio de la etapa preliminar del juicio, dado que Paz tomó el caso de inmediato y formuló la acusación contra Delgado. Confirmó que la fiscalía pide 18 años de prisión y que la querella acompañará ese pedido, y ante la consulta sobre el riesgo de fuga fue tajante: “Totalmente” —remarcando que se trata de una persona imputada por un hecho gravísimo, con pedido de pena de 18 años, que “quedó intempestivamente, sorpresivamente en libertad”.

 ¿Quién cometió el error?

La pregunta que atraviesa todo el caso —y que la propia Fiscalía dice estar relevando internamente— es a quién le correspondía pedir la prórroga y no lo hizo. Y ahí aparece una zona gris que no es menor.

El expediente por abuso sexual estuvo históricamente en manos del fiscal Maximiliano Nicosia. Consultado sobre lo ocurrido, Nicosia se desmarcó de la responsabilidad y señaló que desde el 1° de junio la causa ya no estaba bajo su órbita, sino en la de Javier Paz, uno de los fiscales incorporados recientemente a San Lorenzo. Es decir: la defensa de Nicosia es, en los hechos, “cuando venció el plazo para pedir la prórroga, el expediente ya no era mío”.

El problema es que esa versión choca con el relato de la propia querella y con el modo en que se desarrollaron los hechos: fue Paz quien, ya con el caso en sus manos, tomó conocimiento de la liberación consumada y recién entonces se comunicó —tarde, un día después— con los hermanos de la víctima para decirles que él mismo desconocía los motivos de la excarcelación. Esa frase es clave: un fiscal que “desconoce los motivos” de una libertad que se produjo bajo su gestión del expediente no es un dato menor, sino un indicio de que el traspaso de la causa entre Nicosia y Paz pudo no haber incluido un control efectivo de los plazos procesales pendientes —entre ellos, el más sensible de todos: la fecha de vencimiento de la prisión preventiva de un hombre acusado de abusar de dos menores.

Dicho de otro modo: no alcanza con que Nicosia diga que la causa “ya no era suya” al momento del vencimiento si no queda claro que el traspaso se hizo con un seguimiento de los vencimientos en curso, ni alcanza con que Paz asuma el expediente si no verificó, al recibirlo, cuándo caducaba la cautelar. El resultado —una prórroga que nadie pidió— es responsabilidad de la fiscalía como institución, más allá de cuál de los dos fiscales termine cargando formalmente con el error puntual. Por eso la definición de Filippini resulta precisa: se trata de “un claro error judicial” que “podría ser involuntario”, pero que de ningún modo debería trasladarse como costo a las víctimas.

La reorganización de causas dentro del Ministerio Público de la Acusación explica el contexto, pero no exime de responsabilidad: los cambios de fiscal a cargo de un expediente son una decisión administrativa interna, y el control de los plazos procesales de una prisión preventiva no puede quedar librado a que “se entienda” de quién era la causa en ese momento. La propia Fiscalía, al anunciar que releva la información interna del proceso, reconoce implícitamente que hay una falla de gestión por resolver —y que la respuesta a “quién cometió el error” todavía no tiene nombre y apellido oficial, aunque la secuencia de hechos empuja la pregunta directamente hacia el traspaso Nicosia-Paz.

Antecedentes de la causa

Sofía Delgado y su hermana habían denunciado los abusos en 2022. Tras el femicidio de Sofía, ocurrido en 2024, la causa por abuso sexual contra su padre cobró impulso y derivó en el pedido de detención formulado en su momento por la fiscalía, que se concretó ese mismo año. Desde entonces, y hasta la reciente liberación, Delgado había permanecido detenido en prisión preventiva. Esta decisión, también había sido cuestionada por la familia y la querella, por la demora en la medida judicial, que ocurrió cuando lamentablemente Sofía  estaba sin vida y había denunciado los abusos dos años antes.

“Es una situación de mierda, queremos que esto se haga público porque es grave. “Mi hermanita tiene mucho miedo”, señaló el hermano, tras la libertad de su padre.