La ola de homicidios y balaceras en Rosario, el fuerte contrapunto político con el intendente de esa ciudad Pablo Javkin y las demoras en la ejecución de los gastos previstos en la ley de emergencia definieron la salida de Rubén Rimoldi del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Será reemplazado por el actual secretario del área, Claudio Brilloni.

Rimoldi estuvo seis meses al frente del área más sensible del gobierno provincial y no logró los resultados esperados. Fue el tercer ministro de la actual gestión –después de Marcelo Sain y Jorge Lagna– y dejó el cargo este miércoles por la noche después de reunirse en privado con el gobernador Omar Perotti.

Si bien la gestión de Rimoldi no generó ningún cambio sustancial en las políticas de seguridad pública, hubo cuatro episodios en las últimas 48 horas que sellaron su suerte:

El martes, en una reunión con la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia de Seguridad, en la Legislatura provincial, Rimoldi había confirmado que había personas detenidas por el crimen de Lorenzo “Jimi” Altamirano en Rosario. Horas después, los fiscales Matías Edery y Luis Shiappa Pietra lo desmintieron.

• La frase desafortunada que pronunció Rimoldi durante una conferencia de prensa en Rosario, donde comparó la situación que atraviesa la ciudad del sur provincial con lo que ocurrió en Colombia en las décadas del 80 y del 90 en pleno auge de los carteles de droga.
• El contrapunto público que mantuvo Rimoldi con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien pidió al gobierno provincial más presencia policial en su ciudad y reclamó mayor compromiso al ministro: “Que se venga a vivir acá”. Rimoldi le contestó que actualmente vive en Rosario y viaja a la ciudad de Santa Fe. Ese cruce verbal cayó decididamente mal en la Casa Gris.
• La decisión de Javkin de suspender una actividad oficial en la que iba a anunciar la ampliación de la red de bicisendas en Rosario, luego de una balacera contra un centro de distrito municipal. Esa decisión de Javkin –que luego subió el tono a través de una serie de tuits en los que reclamó más agentes policiales para su ciudad– fue decisiva para la suerte de Rimoldi.

Rosario, una ciudad jaqueada por la violencia narco

En lo que va del año, se registraron 32 homicidios en Rosario: 24 en enero y 8 en los primeros días de febrero. Lo que más alarma a las autoridades es que, de ese total, no menos de 20 crímenes fueron cometidos por sicarios: 15 en enero y –según estiman los investigadores– también los 8 cometidos en lo que va de febrero. Más allá de los números fríos, lo que subyace como emergente de la violencia en Rosario es una lucha interna entre miembros de la banda de Los Monos, por dinero y falta de lealtad, lo que aparece en la mira de las autoridades como puntapié inicial del baño de sangre con el que comenzó 2023. El secuestro y crimen de Lorenzo Altamirano es un caso paradigmático: fue elegido al azar para que el cadáver de este músico y artista callejero sirviera como una especie de envoltorio para generar conmoción y pasar un mensaje interno a la barra de Newell’s, donde Los Monos están en permanente disputa por la hegemonía de las tribunas.

A raíz de los repetidos hechos de violencia, el intendente de Rosario, Pablo Javkin salió a pedir mayor colaboración a las autoridades provinciales: «Rosario necesita 5.000 policías capacitados para combatir el crimen ya», expresó a través de las redes sociales. En el mismo sentido, el mandatario rosarino pidió, además de la presencia de más efectivos capacitados, «un plan» contra la inseguridad y la violencia. «Rosario debería tener 5000 policías capacitados y con un plan de trabajo ¿Están? No están ¿Existe un plan? No existe», aseguró. Finalmente, el intendente describió lo que consideró es su rol en este flagelo: «Nosotros iluminamos, urbanizamos barrios, nuestros profesionales de salud salvan vidas de heridos de bala todos los días. Lo vamos a seguir haciendo porque es nuestro deber, pero nada alcanza si los que tienen las armas no nos defienden».

Contrapunto por los gastos de la emergencia en seguridad

El martes, pocas horas antes de su renuncia, Rubén Rimoldi se reunió con los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia de Seguridad, en la Legislatura provincial. Allí dio informes sobre los gastos ejecutados durante 2022 en el marco de la ley de emergencia, pero no logró convencer a la oposición. El gobierno de Omar Perotti envió a la Legislatura, a fines de 2022, un nuevo proyecto para extender la emergencia –que venció el 31 de diciembre de 2022– hasta finales de 2023. Los legisladores de la oposición no quedaron conformes con las explicaciones del ministro saliente y reclamaron «más diálogo» con el Ejecutivo antes de votar la nueva ley. Mientras ocurría la reunión en la Legislatura, se supo que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe había emitido ocho observaciones legales sobre actos administrativos del Ministerio de Seguridad en las que objetó el uso de fondos de la ley de emergencia en seguridad y penitenciaria durante 2022. En total, las observaciones alcanzan gastos que superan los 280 millones de pesos.
La última actividad pública de Rimoldi como ministro fue la reunión del martes con la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad.

La última actividad pública de Rimoldi como ministro fue la reunión del martes con la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad.Las observaciones legales hacen hincapié en que el Ministerio destinó los fondos a fines no contemplados en la ley de emergencia y cediendo partidas a áreas policiales y penitenciarias que debió ejecutar el propio Ministerio. Además, dice, no está debidamente justificada la necesidad de hacer esas compras de bienes y servicios. La excepción es la observación legal N° 10, donde la irregularidad pasa por el uso de una partida asignada a otros fines para contratar la compra y mantenimiento de equipamiento para la cárcel de Coronda.

Todas las resoluciones del Ministerio objetadas por el Tribunal de Cuentas están fechadas entre el 5 y el 23 de diciembre, lo que para quienes conocen la administración pública es signo de que se dio la orden de gastar como sea el crédito existente antes de que venciera la ley de emergencia el 31 de diciembre de 2022. Las ocho observaciones legales fueron respaldadas por los vocales del Tribunal de Cuentas María del Carmen Crescimanno, Lisandro Villar, Oscar Biagioni y Sergio Beccari, con el voto disidente de Marcelo Terenzio, el vocal alineado con el gobernador Omar Perotti que fue el último en ingresar al organismo, en noviembre del año pasado.

El secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, Gustavo Bode, se limitó a aclarar que las observaciones están siendo analizadas porque llegaron «a última hora». «El Tribunal objeta que las partidas especiales no están contempladas en la ley de emergencia, pero la verdad es que son una forma de solucionar de inmediato los problemas. Santa Fe es una provincia grande y hay muchos problemas que deben ser atendidos lo antes posible”, dijo este martes. Un día después, el ministro Rimoldi dejó su cargo.

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