Lo que queda implícito de la mayoría de los testimonios que pasaron durante las jornadas del juicio oral contra la ex Petroquímica, es que los funcionarios provinciales y judiciales no pudieron o no quisieron resolver el daño ambiental que producía la empresa. «Era un tire y afloje» dijo el ex Fiscal de Estado Pablo Saccone, pero en esa disputa, se beneficiaron los propietarios de la planta, que fueron estirando la remediación a través de convenios que no cumplían, ratificando nuevamente con otros acuerdos, que no volvían a cumplirse a pesar de las denuncias penales, y así fueron ganando años, más de siete, desde que se cerraron las instalaciones.

Todos los que intervinieron en la causa, desde jueces, fiscales de Estado y del Ministerio Público de la Acusación, y funcionarios provinciales coincidieron en que la intención de la parte demandante no era una acción punitiva, sino de remediación. Pero al ser tan permisivos, dejaron que la contaminación del predio de la ex Electroclor siguiera indefinidamente hasta el día de hoy. No tuvieron en cuenta a las víctimas, porque ni siquiera tomaron muestras de laboratorio de análisis en sangre de las personas que viven o circulan en el predio. Ninguno de los protagonistas, ni siquiera cuestionó porqué de un inventario de mil bombonas, desaparecieron ochocientas cincuenta. No saben si están enterradas o como dijo el ingeniero Andrés Rintoul, fueron trasladadas a otra empresa de Taselli en Jujuy la ex Altos Hornos Zapla no siguiendo ningún protocolo de seguridad de residuos peligrosos. De haber explotado una bombona de gas de cloro, el desenlace hubiese sido catastrófico.

Que no haya querellantes, es porque tampoco se aceptó en primer lugar un amparo colectivo, y así lo dejó en claro la abogada especialista en medio ambiente Adriana Tripelli quien denunció que ante la sugerencia de llevar adelante dicha medida, la desplazaron del trabajo, al punto que quedó como decorado. Tampoco se permitió hasta ahora ( está en trámite ante la justicia civil) la autorización a ser parte del proceso a la ONG «Taller Ecologista», que sigue la investigación desde sus inicios quien viene trabajando en materia medioambiental desde hace 36 años con amplio conocimiento sobre el daño ambiental de la empresa y que viene denunciando las sustancias tóxicas en agua, suelo y aire: «son persistentes, son neurotóxicas, algunas cancerígenas, también se bioacumulan. Sustancias tales como asbesto, mercurio, Lindano, compuestos orgánicos volátiles y hoy sigue abierta la pregunta en torno a cómo desaparecieron desde 2015, 850 bombonas. El peligro potencial de un escape de gas cloro está presente en cualquier sitio donde se encuentren esas bombonas ”, alertaron una vez más desde la organización.

También se desprende del testimonio del ex fiscal de Estado Pablo Saccone, era que la preocupación de los dueños, en especial de Sergio Taselli era no sumar a sus antecedentes más causas penales porque paralelamente Taselli sobre coimas a las obras públicas en la causa denominada de los cuadernos. Además Taselli cuenta con otra causa por administración fraudulenta y acusado de vaciar Yacimientos Carboníferos Río Turbio tras la privatización en los ’90. La tragedia en la mina de carbón, causó la muerte de 14 mineros en junio de 2004. Como también es investigado por recibir subsidios en el transporte ferroviario y por el el Ministerio Público suizo por lavado de dinero en 2012. » Luzzini interviene en el acuerdo porque los directivos tenían muchas causas penales», aseveró Saccone.

«Lo que queríamos no era una cuestión sancionatoria, fue que se remedie le predio y no lo conseguíamos por eso para nosotros fue un logro importante la firma de ese convenio» aseguró ante el juez Gazza el ex secretario de medio ambiente César Mackler quien aseguró que » No tenían alternativa para remediar ese pasivo». En función a ese empantanamiento solicitaron a la Fiscalía de Estado para realizar la denuncia.

«El ingeniero Lifschitz quería resultados y dio la orden de iniciar las acciones civiles y penales», aseguró el ex Fiscal de Estado Pablo Saccone. El gobernador por decreto instruyó en el 2017 a la secretaría de medio ambiente a promover demanda o iniciar acciones contra Petroquímica para remediar el daño ambiental detectado dentro del sumario administrativo; pero nunca fue informado de la marcha de las negociaciones, ni de los acuerdos, ni mucho menos de los resultados de las muestras en suelo, aire y agua que reflejaron gran cantidad de contaminación por sustancias tóxicas como lindano, asbesto, amianto, gammexane, entre otras.

El Juez de distrito de San Lorenzo Civil Alejandro Andino es quien lleva a cabo la causa el el foro civil de la provincia contra Petroquímica a través de una medida autosatisfactiva, donde plantea la parte demandada un cierre seguro de la planta, pero que se excedió a lo largo del tiempo y que se llevó a un convenio entre partes que no fue cumplido por la empresa.

En ese sentido el juez manifestó: «La provincia inicia a raíz de una actuación administrativa donde le da mediciones o riesgos ambientales y una de las cuestiones es el cierre seguro de una planta que no funciona. Se piden detalles técnicos en materia de asesoramiento de ingeniera ambiental y el impacto de costo de esas tareas para lograr ese cierre. Se alcanza un convenio con puntos donde lo más importante era que se desgasifique el cloro y había distintos contaminantes para tierra y agua. Se establecían tiempos de ejecución a través de etapas, como desgasificar las bombonas de cloro y luego inertizar el recipiente hasta la demolición del edificio».

Y añadió: «El incumplimiento de este convenio lo denuncia la provincia, en un escrito en el año 2019 donde se reclamaban puntos incumplidos, manifestaciones de ambas partes, que desembocan en audiencia y convenio con distintas etapas y después prosiguen alternativas porque varían algunas cuestiones en la remediación»

Actualmente el convenio de remediación se encuentra en ejecución aunque después de la feria judicial, se dispuso una clausura del predio porque se denunciaron la faltante de bombonas de gas de cloro. El magistrado dispuso de una inspección, precintos y colocar custodia mixta y poner cámaras de seguridad y la confección de un inventario de los contenedores de gas. Pero desde el convenio a la fecha pasaron casi tres años y el predio no tiene la remediación final ni está cerca de estarlo.

Incluso Andino señaló que cuando inspeccionaron el predio se encontraron con cientos de bombonas pero lejos de las miles que estaban declaradas en el inventario y expresó que no sabe qué pasó con ellas.

Mañana martes se cierran las audiencias con los alegatos de la fiscalía y de la defensa antes de que el juez resuelva si el cierre de la causa Petroquímica es válido o no.

“No queremos este pasivo ambiental, debe ser remediado con urgencia. El viento y la lluvia tienen la capacidad de desplazar miles de km estas sustancias y de llegar a las napas contaminando el agua. La comunidad estará a salvo cuando se realice el cierre seguro del predio”, aseguraron desde Taller Ecologista.