Quinta subasta de bienes del delito: Pullaro defendió la política de “quitarles a los delincuentes para devolver a la sociedad”

La quinta subasta provincial reunió a más de 5.400 inscriptos de todo el país que pujaron por 150 lotes, en una estrategia oficial que busca debilitar al crimen organizado y reinvertir los recursos en víctimas e instituciones.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este jueves en el Salón Metropolitano una nueva subasta de bienes incautados al delito, en el marco de una política pública que el Ejecutivo provincial considera central en la lucha contra el crimen organizado.

La actividad, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales, convocó a 5.411 personas provenientes de 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes participaron de la puja por 150 lotes que incluyeron un avión, automóviles, motocicletas y diversos bienes.

Durante el acto, Pullaro sostuvo que estas subastas representan “la política más contundente para enfrentar el delito”, al remarcar que “en Santa Fe se persigue a los delincuentes, se los encarcela y se les quitan los bienes para que vuelvan a las víctimas y a las instituciones”. En esa línea, afirmó que se trata de una estrategia sostenida “con determinación” para avanzar hacia una sociedad “en orden y en paz”.

El mandatario también hizo referencia a la situación de seguridad en la provincia y particularmente en Rosario, al señalar que “hoy se la observa con respeto”, en contraste con miradas anteriores, y atribuyó ese cambio al trabajo articulado entre fuerzas de seguridad, Justicia y el sistema penitenciario.

Subasta: Una herramienta clave dentro del plan de seguridad

Desde el Gobierno provincial destacaron que el decomiso y posterior subasta de bienes forma parte de un esquema integral que apunta a debilitar económicamente a las organizaciones criminales.

En ese sentido, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, señaló que el objetivo es “quitarles recursos a las bandas delictivas” y, al mismo tiempo, generar oportunidades para los participantes.

Por su parte, la secretaria de Gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, subrayó que Santa Fe es la única provincia que implementa este tipo de subastas de manera sistemática, y consideró que la iniciativa es “un emblema” dentro de la política de seguridad.

A su turno, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, remarcó que estas acciones responden a una decisión política clara: “cuidar a la gente implica hacer cumplir la ley y quitar el dinero obtenido de manera ilícita”.

Impacto económico y social

Según datos oficiales, en las cuatro subastas anteriores se recaudaron más de 3.589 millones de pesos, fondos que fueron destinados a la reparación de víctimas, el fortalecimiento de instituciones y el sostenimiento de la Aprad.

Además, durante la jornada se reconoció la participación de estudiantes de escuelas técnicas de Santa Fe y Rosario, quienes colaboraron en la organización brindando información sobre los lotes.

Controles y transparencia del proceso

Para participar de la subasta, los interesados debieron completar una inscripción online cuyos datos fueron verificados por el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Policía de Investigaciones, con el objetivo de evitar la participación de personas vinculadas a organizaciones criminales.

Asimismo, el Gobierno provincial garantiza el bloqueo de dominio en los vehículos subastados, lo que implica la asignación de nuevas patentes para eliminar cualquier vínculo con sus anteriores propietarios.

El rol de la Aprad

La Aprad es el organismo encargado de administrar los bienes secuestrados en causas penales o contravencionales, con el objetivo de darles un destino social. Estos pueden ser asignados a fuerzas de seguridad, instituciones públicas o entidades de bien público, o bien ser subastados para reintegrar recursos al sistema.

Con esta política, el Ejecutivo provincial busca no solo recuperar activos provenientes del delito, sino también convertirlos en herramientas concretas para fortalecer el tejido social y la seguridad pública.