La Cámara Nacional del Trabajo declaró este martes inconstitucional el capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación económica 70/2023, tal como lo pidió la CGT. Primero, había suspendido su vigencia.

El fallo lo firmaron los miembros de la sala de feria Mario Fera, Manuel Díaz Selva y Héctor Guisado en la causa promovida por la CGT.En consecuencia, declaró «la invalidez constitucional del Título IV (artículos 53 a 97) del DNU 70/2024, por ser contrario al art. 99, inc. 3o, de la Constitución Nacional».

Además, dejó sin efecto «la “aclaración” formulada en el apartado 2 de la parte resolutiva del fallo de primera instancia» Y ordenó «la inscripción de la presente acción en el Registro Público de Procesos Colectivos (conf. Acordada CSJN 12/16), a cuyo efecto ofíciese por Secretaría según corresponda. 4) Imponer las costas de ambas instancias al ESTADO NACIONAL (art. 14 de la ley 16.986)».

En los argumentos, el tribunal reconoció «que la vulnerabilidad es una circunstancia que afecta a la persona que trabaja en relación de dependencia, dada su desigualdad negocial, y que se hallan en juego derechos de naturaleza alimentaria -per se o por sus derivaciones-, se encuentran configuradas las circunstancias objetivas como para considerar que los temas introducidos -por su calidad estructural y su cantidad- en el Título IV del decreto en cuestión resultan de imprescindible debate específico y decisión por el Poder Legislativo».

Los jueces fueron tajantes al señalar que aquello que el Gobierno buscó hacer a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, al menos en términos de reforma de las leyes laborales, debió haberse realizado por la vía legislativa.

«No se registraba impedimento para la reunión de las cámaras del Congreso, e incluso el 27 de diciembre de 2023, es decir, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del DNU 70/2023, el órgano legislativo se encontraba convocado, en funciones, y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas en dicho DNU», afirmaron los jueces en el fallo de 15 páginas.

«El principio que organiza el funcionamiento del estatuto del Poder del Estado es, precisamente, la división de funciones y el control recíproco, esquema que no ha sido modificado por la reforma constitucional de 1994. Así, el Congreso Nacional tiene la función legislativa, el Poder Ejecutivo dispone del reglamento, y el Poder Judicial dicta sentencias, con la eminente atribución de ejercer el control de constitucionalidad de las normas jurídicas», remarcaron.

En su pedido de amparo, la CGT consideró que el DNU 70/2023 viola el principio de división de poderes y establece una reforma laboral con modificaciones «peyorativas y permanentes» en los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, garantizados por los tratados internacionales y la propia Constitución Nacional.

En un recurso de apelación rechazado, el Poder Ejecutivo expuso que la asociación busca impugnar un DNU «dictado conforme los lineamientos y prescripciones del artículo 99, incisos 1, 2 y 3 de la Constitución Nacional, a los efectos de intentar corregir los profundos desequilibrios imperantes que hacen a la urgencia y necesidad de la medida».

El Gobierno afirmó que como se trata de una cuestión de «derecho público» el tratamiento judicial de la misma «es del resorte exclusivo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal» y que la medida cautelar fue dictada violando instancias que aseguran mayor información y elementos de evaluación.

Y remarcó que el objeto del DNU es «revindicar derechos civiles como el derecho de trabajar y de ejercer toda industria lícita» y que «promueve una integral protección, con normas que abogan por fomentar y aumentar el empleo y antepone la voluntad del trabajador por sobre la voluntad de sus representantes».

Las medidas cautelares presentadas por las centrales sindicales y diferentes gremios en contra de las leyes laborales que modifica el DNU presidencial habían sido apeladas por el Gobierno nacional, pero hasta el momento las instancias superiores de la Justicia «desestimaron» las argumentaciones del Ejecutivo nacional al respecto.

En sus distintas presentaciones, las entidades gremiales consideraron que el DNU 70/2023 afecta «los derechos y garantías constitucionales» en materia laboral que rigen en el país, entre otros aspectos, en favor de los trabajadores y su representación sindical.

El 24 de enero pasado, la jueza laboral de feria Liliana Rodríguez Fernández consideró que los cambios propuestos por el Gobierno nacional en el decreto «no habían cumplido los recaudos constitucionales».

Al mismo tiempo, la magistrada evaluó que no estaba «debidamente justificada» la necesidad y la urgencia de la reforma planteada en un decreto de ese tipo.

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Con información de Clarín