
El presidente Javier Milei firmó el Decreto 651/2025 mediante el cual vetó completamente la Ley de Emergencia Pediátrica, que había sido aprobada por el Congreso en el mes de agosto. Dicha ley declaraba la urgencia sanitaria en la atención de niñas, niños y adolescentes, con especial foco en el hospital Garrahan.
Como respuesta, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) prepara un plan de lucha que incluye un paro y movilización a nivel nacional. El gobierno justificó su decisión argumentando que la norma comprometería el equilibrio fiscal y contradice su objetivo de emisión monetaria cero para combatir la inflación. Además, señaló que el proyecto contenía mandatos abiertos, definiciones ambiguas y un impacto fiscal imposible de sostener, calculado en más de 115.000 millones de pesos solo por la recomposición salarial prevista.
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, afirmó que el veto afecta el acceso a la salud de toda la población y acusó al gobierno de provocar una crisis terminal en el sistema sanitario público. La organización sindical convocará asambleas en las próximas horas para definir la fecha y modalidad de las protestas en todo el país.
Argumentos del Gobierno para el veto:
La ley buscaba: