
En medio del conflicto por el financiamiento universitario, el Gobierno nacional aprobó nuevas pautas para planificar las auditorías internas de las universidades nacionales durante 2027. La medida establece criterios para controlar la gestión de los recursos públicos y evaluar distintos procesos administrativos.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 311/2026 de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), publicada en el Boletín Oficial el 15 de octubre.
La norma aprueba lineamientos complementarios destinados a las Unidades de Auditoría Interna (UAI) de las universidades nacionales, que deberán incorporarlos a la planificación de sus planes anuales de trabajo para el próximo ejercicio.
La resolución dispone que las nuevas pautas complementen los lineamientos generales de planificación de las auditorías en universidades nacionales aprobados previamente por la Sigen para 2027.
La planificación deberá contemplar las características de cada institución, los riesgos identificados y la capacidad operativa de sus unidades de auditoría. También se prevé el seguimiento de las observaciones realizadas y de las medidas correctivas adoptadas.
Para organizar y registrar estas tareas, la norma establece el uso del Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC), que permite realizar el seguimiento de la planificación, las actividades de auditoría, los informes, las recomendaciones y las acciones correctivas.
Uno de los aspectos contemplados en los fundamentos de la resolución es la evaluación del estado de las rendiciones de fondos ante los organismos nacionales competentes.
En ese marco, las auditorías podrán examinar la gestión de los recursos públicos y los procedimientos administrativos vinculados con las funciones de las universidades.
Sin embargo, la norma distingue entre las tareas de control y las responsabilidades de gestión. La preparación y presentación de las rendiciones continúa a cargo de las áreas administrativas correspondientes de cada institución, mientras que las unidades de auditoría deben examinarlas y evaluar los mecanismos de control interno.
La resolución también señala que la responsabilidad de establecer y mantener esos mecanismos corresponde a las autoridades y a las áreas de gestión universitarias.
En los fundamentos, la Sigen sostiene que el sistema de control interno previsto por la Ley 24.156 resulta aplicable a las universidades nacionales en el marco del artículo 59 de la Ley de Educación Superior 24.521.
Para respaldar esa interpretación, la resolución cita un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación del 15 de octubre de 2024, que consideró compatible la aplicación del sistema de control interno con la autonomía funcional y la autarquía administrativa y financiera de las universidades.
El organismo plantea que el control de los recursos públicos debe contribuir a la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora de la gestión, sin sustituir las responsabilidades de las autoridades universitarias.
Las disposiciones aprobadas por la Resolución 311/2026 se aplicarán a la formulación, presentación, ejecución y seguimiento de los planes anuales de trabajo de las unidades de auditoría interna correspondientes a 2027.
La norma también dispone comunicar la medida al Ministerio de Capital Humano, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Políticas Universitarias.
La resolución establece un marco complementario para organizar las auditorías internas del próximo año. Por sí sola, no dispone la intervención de las universidades ni modifica directamente el régimen de financiamiento universitario.