Tensa espera en el ministerio de trabajo por el conflicto de Pampa Energía

El Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU) denunció que la empresa Dow continúa impulsando desvinculaciones mediante acuerdos individuales con los trabajadores, mientras crece la incertidumbre entre las 130 familias afectadas por el cierre de la planta de Puerto General San Martín.

En el marco de una audiencia desarrollada este jueves en el Ministerio de Trabajo de la Nación, el secretario general del gremio, Ricardo Jordana, aseguró que la empresa no notificó formalmente despidos, aunque sí mantiene conversaciones particulares con los empleados para intentar alcanzar acuerdos económicos.

“Hasta este momento la empresa sigue llamando a los trabajadores para tratar de que firmen un arreglo. No llegaron telegramas de despido, pero lo que están haciendo es intentar acuerdos individuales. Para nosotros eso es un despido encubierto”, afirmó el dirigente.

“A cada trabajador le ofrecen algo distinto”

Jorfana cuestionó la falta de transparencia en el proceso y señaló que la empresa realiza ofertas económicas diferentes incluso a empleados con idéntica categoría y antigüedad.

“Todo se maneja de manera verbal. A cada trabajador le hacen un ofrecimiento distinto. Nos encontramos con compañeros que tienen la misma categoría, la misma antigüedad y, sin embargo, reciben propuestas completamente diferentes. No sabemos cuál es el criterio que está utilizando la empresa”, sostuvo.

Según explicó, esa metodología incrementa la preocupación entre el personal y genera incertidumbre sobre el futuro laboral de quienes aún permanecen en el establecimiento.

El gremio asegura que mantiene la planta operativa y segura

El titular de SOEPU destacó que, pese al conflicto, los trabajadores continúan garantizando la seguridad del complejo industrial.

“Como siempre hicimos ante cualquier conflicto, nuestra prioridad es mantener la planta en condiciones seguras. Somos responsables de las instalaciones y también de proteger a la comunidad que vive alrededor del complejo. Nunca pusimos en riesgo la seguridad”, remarcó.

Sin embargo, denunció que las decisiones adoptadas por la empresa provocaron una reducción del personal especializado en emergencias.

Denuncian falta de brigadistas y tareas de alto riesgo

Uno de los puntos más delicados planteados por el sindicato fue la disminución de la dotación de brigadistas, indispensable para operar una planta petroquímica.

“Anoche el complejo debía contar con dos operadores y doce brigadistas para funcionar con seguridad, pero solamente había cuatro. El resto había sido desvinculado. Incluso presionaban telefónicamente a los trabajadores para que realizaran tareas de alto riesgo, advirtiéndoles que podían quedar en una lista si se negaban”, denunció Jordana.

El dirigente explicó que entre las tareas que se intentaban ejecutar figuraba la desconexión de un buque que transportaba combustible líquido, una operación que, según indicó, requería condiciones de seguridad que no estaban garantizadas.

“No íbamos a exponer a los compañeros ni a generar un riesgo mayor. Por eso decidimos frenar esas tareas hasta que existan las condiciones adecuadas”, afirmó.

Mientras se desarrollaba la audiencia en el Ministerio de Trabajo, el gremio mantenía la protesta y aguardaba una respuesta oficial.

Jordana concluyó que el conflicto mantiene en vilo a más de un centenar de familias.

“Hoy hay 130 familias que quedaron en la calle y todavía esperan una resolución. Nosotros seguimos dentro del complejo, garantizando la seguridad de la planta mientras aguardamos una respuesta que aporte certezas sobre el futuro de los trabajadores.”